A partir de mañana, divorciarse, hacer una liquidación de bienes gananciales o interponer una petición de pensión compensatoria será más caro. Y ese aumento de las tasas judiciales –que afecta a todo aquél que no tenga acceso, por renta, a la justicia gratuita— puede suponer una barrera para la lucha contra la violencia de género. “Denunciar ante la policía malos tratos no tiene coste, pero romper el último lazo con el agresor recurriendo al divorcio y repartir los bienes del matrimonio será ahora más caro, y por tanto un obstáculo para que las mujeres víctimas de la violencia sigan adelante con los procesos judiciales”, ha alertado esta mañana la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Genero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán.
Las tasas, publicadas hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entran en vigor mañana, son diversas. Así, un divorcio puede costar entre 300 euros en primera instancia y de mutuo acuerdo a 800 euros en apelación; todo ello si no hay peticiones económicas. “Si las hay, a la cuantía reclamada hay que sumarle una escala gradual, que supone un impacto brutal”, advierte Ángela Cerrillos, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Y si existen esas peticiones económicas (pensión, indemnización…), a la cuantía reclamada hay que sumar, además, una escala gradual. Un ejemplo: en el momento que un matrimonio que se quiere divorciar tenga una vivienda, un coche o cualquier bien, hay que calcular cuanto es el valor de todo, aplicarle la tasa fija que corresponda y luego un porcentaje de 0,5% de impuesto, que iría a parar a las arcas del Estado. Las tasas no afectan a aquellas personas que tengan derecho, por renta, a la justicia gratuita. Un número, cree Cerrillos, “muy limitado”. Solo pueden recurrir al sistema gratuito las personas cuya unidad familiar tenga ingresos inferiores a unos 1.500 euros mensuales.
Para Montalbán, la nueva cuantía de los impuestos judiciales coartará a las víctimas de interponer una demanda ante la justicia. Las tasas no afectan a los procedimientos penales pero sí a los civiles como las liquidaciones de gananciales, la interposición de medidas de indemnización por dedicación a la familia, la pensión compensatoria, la reclamación del uso del domicilio familiar, el divorcios… Solo está exentos, explica Cerrillo, los procesos donde solo se pide la custodia de los hijos. “Pero, quién pide solo eso”, apunta.
La conclusión, advierte la presidenta del Observatorio del CGPJ, es que cada vez menos mujeres víctimas de violencia de género pedirán estas medidas. “Solo escuchar la palabra tasa, ya provoca rechazo”, dice. Dese 2007, los juzgados españoles han registrado 735.730 denuncias por violencia de género –una media de 360 diarias–. Sin embargo, en el 11,5% de los casos las mujeres decidieron no seguir adelante con el proceso judicial. Una renuncia que puede estar motivada, explican los expertos, por las presiones, el miedo y la limitada red social de apoyo económico al que tienen acceso las víctimas. “Y si a estas razones que ya existen se le suma ahora el impacto económico de las tasas judiciales, el número de renuncias pueden aumentar”, opina Montalbán, que cree que la medida que el ministerio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón ha sacado adelante persigue un “afán recaudatorio, incompatible con el servicio público de la justicia”.
El Consejo General del Poder Judicial está preparando un informe sobre el impacto general y por apartados de la medida. Aún no está listo –aunque cuando se hizo pública este organismo ya advirtió de que podría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución–. Sin embargo, el Observatorio presentó el 31 de octubre una propuesta de enmienda de a todos los grupos parlamentarios para que no se aplicasen las tasas a aquellos procesos de separación y divorcio tramitados en los juzgados de violencia de género, pero no se aceptó.
Y es que, a pesar de que el llamado copago judicial se ha granjeado las críticas de todos los grupos parlamentarios y por todo el sector judicial, la medida se ha tramitado con una velocidad pasmosa –de hecho el PP impuso un trámite de urgencia para ello–.