El alcalde atribuye a cuestiones técnicas la dificultad de legalizar el edificio de Zorrilla

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El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, atribuyó ayer a cuestiones técnicas, derivadas de la falta de una «documentación fiable», la dificultad de atender la exigencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) de restituir la legalidad en el edificio de la Plaza de Zorrilla, en el que se autorizó un exceso de edificabilidad y donde, casualmente, el munícipe, que declaró ayer como imputado en sede judicial por obstaculizar el proyecto de ejecución, cuenta con una vivienda.

De este modo, el alcalde de la ciudad,  mantuvo ante el titular del Juzgado de Instrucción 2, César Gil Margareto, que su «voluntad» ha sido «siempre» la de «cumplir la sentencia» y, según sostuvo, «así lo ha hecho decreto tras decreto». En este sentido, León de la Riva, quien declaró asistido por el prestigioso letrado José María Tejerina, explicó que si hasta la fecha han sido tres los proyectos de restitución que ha anulado sucesivamente el TSJ -y, actualmente, se ejecuta un cuarto, que espera sea «el definitivo»-, es debido a los problemas a los que se enfrentan los técnicos municipales a la hora de saber cuál es el edificio original.

Edificio protegido desde 1997. Y es que, según precisó León de la Riva en las declaraciones que recogió ayer Europa Press, el inmueble, que es del año 1950, fue declarado protegido en 1997, si bien cuando se le concedió esa condición no se sabía con certeza si tal protección afectaba al edificio original o a las múltiples modificaciones hechas en los últimos cuarenta años.

«Por ello, para los arquitectos es muy complicado determinar cuál debe ser la restitución», aseveró ayer el alcalde tras su visita a los Juzgados de la calle Angustias, unas declaraciones en las que, incluso, en su propósito de demostrar los muchos obstáculos hallados para poder dar un fiel cumplimiento de esta sentencia, llegó a desvelar a los periodistas que, recientemente, se había descubierto que una de las partes del inmueble sobre las que pesa orden judicial de derribo, y que ya está siendo ejecutada, afectaría a un forjado del edificio original, del año 1946.

En este mismo contexto, León de la Riva, quien recordó además que las competencias urbanísticas están delegadas en la Concejalía correspondiente, reiteró que, en todo momento, su actuación ha sido la de acatamiento. «Cada vez que ha llegado una disposición desde la Sala yo he redactado un decreto, he ordenado parar la obra (en referencia a los tres proyectos de restitución ya anulados)y he encargado uno nuevo conforme a lo requerido», concluyó.

Las diligencias del presente procedimiento se originan tras la denuncia interpuesta en su día por la Asociación Cultural Ciudad Sostenible ante la Fiscalía. Se da la circunstancia de que este ente, sin embargo, no está personado en la causa judicial abierta, como tampoco lo está la Federación de Asociaciones Vecinales, si bien anunció el pasado martes que si se personará en los próximos días en el procedimiento. El caso, que lo llevó la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción 2, investiga si León de la Riva pudo cometer delitos de prevaricación -por tratarse de un edificio en el que él tiene un piso- y desobediencia -por no dar cumplimiento a varias sentencias judiciales-.

Dos visitas en cuatro meses. La de ayer fue la segunda visita del alcalde a los Juzgados de la calle Angustias en menos en cuatro meses, en ambos casos, para una declaración como imputado. En el mes de julio tuvo que hacerlo en el Juzgado de Instrucción 1 por las irregularidades detectadas en el último PGOU (Plan General de Ordenación Urbana).

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