Jueces para la Democracia: “Se ha restringido el derecho de manifestación”

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La asociación de Jueces para la democracia (JpD) ha denunciado el uso “extensivo y desproporcionado de la fuerza institucional”, impropio de un Estado de Derecho, que se ha practicado durante la manifestación del 25-S y las concentraciones posteriores.

Agencias

La asociación ha reclamado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior que se abra una investigación para determinar las responsabilidades de tales conductas y aclarar “institucionalmente cuál ha sido el papel de los posibles agentes infiltrados en el conjunto de los incidentes producidos”.

La asociación se ha referido en un comunicado a las cargas policiales producidas durante las concentraciones y ha querido destacar que el derecho de manifestación resulta “esencial” en una sociedad “democrática y plural”. “Cualquier limitación del mismo a través de la fuerza institucional debe practicarse de forma restrictiva y en el sentido más favorable para que pueda ejercerse ese derecho”, ha añadido.

Sin embargo, Jueces para la Democracia advierte de que, bajo el “pretexto de actuar contra unos pocos violentos”, se ha practicado “reiteradamente un uso extensivo y desproporcionado de la fuerza institucional, impropio de nuestro sistema de derechos fundamentales”.

En este sentido, alude a las imágenes difundidas en medios de medios de comunicación y redes sociales que han mostrado escenas en las que “las Fuerzas de Seguridad golpeaban de forma injustificada a ciudadanos indefensos que se comportaban pacíficamente”.

Por todo ello, Jueces para la Democracia considera necesario que la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior ofrezcan explicaciones de por qué autorizaron o consintieron que los agentes actuaran “sin la preceptiva placa identificativa”, lo cual vulnera la normativa vigente.

“Hay que recordar que el fundamento de la citada normativa, según se indica de forma literal en la misma, es que los ciudadanos puedan identificar a los agentes en caso de que se produzcan excesos en su actuación, pues en caso contrario se produciría indefensión, lo cual resultaría inconstitucional”, agrega.

Sin embargo, insiste que la propia falta de identificación de los agentes dificulta “en grado extremo” cualquier investigación sobre la actuación policial, por lo que las autoridades políticas deberían explicar por qué han permitido esta situación.

Advierte así de que la actitud institucional contraria al derecho de manifestación y a la libertad de expresión “difícilmente” puede beneficiar la imagen de nuestro país y de nuestro Estado de Derecho en el ámbito internacional.

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