La Comunidad de Madrid desmantela su red de puntos de encuentro familiar

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Más de 850 familias madrileñas acudieron el año pasado a un punto de encuentro de la Comunidad de Madrid. En casos de separaciones conflictivas, cuando hay condena por violencia de género o una orden de alejamiento, y previa sentencia judicial, el intercambio y la visita de los hijos se produce en este tipo de sedes gestionadas por profesionales, cuya red pública parece a punto de extinguirse en la región. La Comunidad de Madrid ha clausurado casi todos los puntos de encuentro familiar de los que disponía.

Madrid tenía ocho centros públicos que han ido cerrando sus puertas en los últimos meses. Dos en Madrid capital y el resto en la provincia (Arganda del Rey, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, Valdemoro, Las Rozas y Móstoles). Solo los dos últimos siguen abiertos, tal y como adelantó la Cadena Ser. La Comunidad alega que están a punto de expirar los contratos por concurso público para quienes gestionan los centros en funcionamiento como ha ocurrido en el resto de los casos (la empresa MACI llevaba dos, APROME uno y Espacio de Mediación los cinco restantes, incluidos los dos que por el momento siguen operativos).

El PSM denuncia que se deja “a cientos de familias en la calle”

Una portavoz de la consejería de Asuntos Sociales explica que todos sus servicios se derivarán a otras dependencias situadas en la calle de Arturo Soria de la capital y en Majadahonda. Son dos centros de apoyo a la familia, lugares en los que se ofrece “información, orientación y asesoramiento en la búsqueda de soluciones a los problemas en la convivencia cotidiana”, según la definición que recoge la Comunidad en su web (www.madrid.org) con atención psicológica para “comunicación de la pareja”, “atención a mayores” o “pérdida de seres queridos”.

Las 850 familias que han necesitado los puntos de encuentro (y las que puedan llegar después) serán atendidas allí. “El servicio se ha reestructurado, antes los puntos de encuentro familiares dependían del Instituto Madrileño del Menor y la Familia y ahora son competencia de la Dirección General de Familia. Dentro de esa estructura de reagrupamiento, el servicio será más completo”, afirman en Asuntos Sociales.

“Son dos tipos de servicios distintos, con profesionales con perfiles diferentes, la atención nunca puede ser igual”, señala la diputada socialista Carla Antonelli, que denuncia que el cierre de la red de puntos de encuentro “han dejado a cientos de familias en la calle sin poder ejecutar las sentencias”. “Hay mujeres que están entregando a sus hijos en las puertas de comisaría, no porque un policía tenga el deber de supervisarlos, si no porque en caso de que haya algún problema, la madre puede gritar y un agente está obligado a socorrerla”, señala la diputada, que llevará el asunto al próximo pleno de la Asamblea.

Una portavoz del Gobierno regional asegura que el servicio “se va a ampliar” en los dos centros de apoyo a la familia donde se ha trasladado “por eficiencia de recursos”. El ahorro que calcula será de unos 700.000 euros, cifra que hay que tomar con precaución a la espera de conocer la partida que se destine en los presupuestos de 2013 “en función de las necesidades de la reestructuración”.

El PSM cree que el cierre esconde un “trasvase” del servicio a “grupos ultrarreligiosos para dejarlos en manos privadas”, según Antonelli, mientras que desde la Comunidad lo niegan. La Fundación Altius, dependiente de los Legionarios de Cristo, es una de las asociaciones que oferta el servicio de puntos de encuentro. En un folleto publicitario, indican que gestionan visitas “tuteladas” y “de recogida y entrega” en un local situado en Ronda de Valencia.

El díptico especifica que el coste “será abonado por cada una de las partes a partes iguales”. Una portavoz de la fundación declinó ayer ofrecer la cantidad que tienen que pagar las familias. Según Antonelli, asciende a 40 euros al mes. La portavoz de Altius añade que acaban de abrir y que aún no atienden ningún caso, por lo que no pudo precisar el número de trabajadores que vigilarán el servicio. “También puede haber puntos privados, que pueden cobrar y que no tienen que tener supervisión de la Comunidad. El Ayuntamiento de Madrid también tiene los suyos”, argumentan desde una portavoz del Ejecutivo autonómico, que añade que “no se va a dejar a nadie sin servicio” y que se atenderá “como se venía haciendo”, es decir gratis, a quienes lleguen derivados por sentencia judicial.

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