Sanidad estudia el copago por el uso no urgente de ambulancias

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El copago por utilizar ambulancias para pacientes que no son urgentes estará previsiblemente sobre la mesa del Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará la próxima semana. Representantes de las comunidades se reunieron ayer en el Ministerio de Sanidad para trabajar sobre la orden ministerial que, por primera vez, definirá, qué servicio debe considerarse urgente y cómo algunos usuarios deberán pagar una parte proporcional del viaje cuando se trate de un traslado no urgente. Ya sea en ambulancia o en taxi.
La introducción de este nuevo copago podría afectar a enfermos que son trasladados desde un hospital a su domicilio tras recibir el alta o permanecer en urgencias. Y también a pacientes que acuden a algún centro de rehabilitación o enfermos oncológicos. Parece descartado que la medida afecte a pacientes renales en hemodiálisis, según explicó ayer el portavoz de Sanidad del PP, José Ignacio Echániz.
De momento, no se conoce cuál será la cuantía del copago, aunque podría ser similar al baremo seguido en los medicamentos. Los consejeros y Sanidad deberán decidir también que casos podrían quedar exentos de cualquier pago y estudiar aportaciones reducidas para determinados pacientes.
En caso de incapacidad
La medida ya había sido adelantada por la ministra de Sanidad, Ana Mato, hace meses. Se incluía dentro del paquete de ajustes con los que el Gobierno quiere hacer frente al agujero económico del Sistema Nacional de Salud. En ese paquete estaba el copago farmacéutico en función de la renta y una aportación similar en productos de ortopedia (férulas, collarines, sillas de ruedas…) y dietoterápicos (suplementos para pacientes con problemas de desnutrición o deglución). Ahora le toca el turno al transporte sanitario no urgente.
El documento con el que trabajan las autonomías no habla de cuantías pero sí establece que «estará sujeto a prescripción facultativa por razones clínicas y tendrá un nivel de aportación del usuario acorde al determinado para la prestación farmacéutica, aunque sin ser aplicables los mismos límites». Estos límites, en el caso de los fármacos, son hasta el 50% para la mayoría de los ciudadanos, el 60% si se disfruta de una renta superiores a 100.000 euros anuales y un 10% para los pensionistas.
La orden ministerial también determina los criterios necesarios para acceder a el transporte sanitario que no tiene carácter de urgencia. Por ejemplo, establece la necesidad de que un médico lo prescriba y la necesidad de que el trasladado tenga «una deficiencia física, sensorial, cognitiva o psíquica que cause incapacidad, que haga requerir una ayuda o apoyo para poder desplazarse y que a juicio del facultativo impida el uso de transporte ordinario público o privado». Esa deficiencia puede ser temporal, permanente o progresiva, según figura en este primer documento de trabajo.
La necesidad de la ayuda de transporte se reevaluará de forma permanente. También está previsto suspender el transporte sanitario cuando los pacientes puedan utilizar los medios de transporte ordinarios, «independientemente de la duración o tipo de asistencia que se esté llevando a cabo».
Además del copago del transporte no urgente, los consejeros hablarán de otros tratamientos que también podrían acabar con copago, los que saldrán de la cartera básica de servicios y están en estos momentos en revisión. Lo confirmó ayer el consejero de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz.
El consejero justificó la nueva aportación de transporte por tratarse de «un servicio accesorio» sujeto a aportación al igual que las orto-prótesis y productos dietéticos. «¿Tiene sentido que la sanidad en el presupuesto sanitario, en el de la cirugía cardiaca o de la oncología tenga además el transporte de una furgoneta?. Pues miré, no sé si es una prestación, lo que sí sé es que es hay que abordarlo con inteligencia y, como en otros países, que haya una cartera de servicios sanitarios y una de no sanitarios», comentó Echániz.

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