Esta mañana, los letrados y letradas que han asistido a veinte de las personas detenidas en la movilización del 25 de septiembre, dentro del marco de la protesta de “Rodea el Congreso”, han interpuesto una denuncia en los Juzgados de Plaza de Castilla por dilación injustificada en la puesta a disposición de las personas privadas de libertad.
Denuncian que a pesar de que la policía científica procedió a tomar la filiación de los detenidos y que a todos ya se les tomó declaración con presencia letrada, los detenidos y deteni están privados de libertad sin justificación alguna.
En la noche del 25 de septiembre, 35 personas resultaron detenidas en la movilización convocada por la Coordinadora 25S en los alrededores del Congreso de los Diputados. Las personas detenidas fueron trasladadas a la comisaría de Moratalaz a lo largo de la noche y sus letrados les asistieron a lo largo del día de ayer, finalizando la última asistencia pasadas las siete de la tarde. A pesar de que el instructor informó a los letrados de que los detenidos serían puestos a disposición judicial al día siguiente por la mañana, a las doce de la mañana del día 27 de septiembre los detenidos permanecen todavía en la comisaría de Moratalaz, sin que ningún juzgado tenga constancia de su destino final.
Los letrados y letradas, ante las declaraciones de la Delegación de Gobierno y los rumores que han trascendido a los medios de comunicación sobre la posible puesta a disposición de la Audiencia Nacional, se han personado en los Juzgados de guardia y han contactado con el Juzgado Central de Instrucción nº 1, en funciones de guardia. Ningún juzgado dice saber nada del asunto y en la Comisaría no ofrecen información alguna sobre las diligencias que podrían estar realizando.
Recuerdan los letrados y las letradas que muchas de las personas detenidas presentaban numerosas lesiones y requirieron asistencia sanitaria, e incluso hospitalaria.
Las continuas declaraciones que, desde la tarde de ayer, se han formulado por parte del Ministerio del Interior y Delegación de Gobierno en relación a posibles imputaciones de delitos contra las instituciones del Estado o las menciones a la posibilidad de unirlo al procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, son las que parecen haber generado el marco de indeterminación sobre la competencia jurisdiccional a la hora de tomar declaración a las personas detenidas. La instrumentalización política de la causa, que persigue la criminalización de la protesta, genera consecuencias para las personas detenidas, que a estas horas no reciben las garantías procesales a las que todo ciudadano tiene derecho.
En este sentido, los letrados y letradas consideran y denuncian que se infringe la previsión del artículo 17.2 CE de que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y solicitan al amparo de la reiterada doctrina del TC, la inmediata puesta a disposición judicial y manifiestan que se debe someter la detención de cualquier ciudadano al criterio de la necesidad estricta y, además, al criterio del lapso temporal más breve posible en consonancia con lo dispuesto en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (art. 5.2 y 3) y en el Pacto internacional de derechos civiles y políticos (art. 9.3), que exigen que el detenido sea conducido «sin dilación» o «sin demora» ante la autoridad judicial.
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