Tragedia de los comunes en la costa

Comparte este artículo:

 

El anteproyecto de la Ley de Protección y Uso Sostenible aumenta la privatización de la costa, crea inseguridad jurídica y no tiene en cuenta criterios científicos.

Arbitrariedad. Privatización. Inseguridad. Enormes impactos ambientales. Pérdida de calidad paisajística y de turismo. Estos pueden ser algunos de los titulares para ilustrar el anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, llamada también Ley de Costas. Una vez más un título con la palabra sostenible para justificar todo lo contrario.

Aunque el Anteproyecto obliga y este aspecto es positivo, a incorporar en el Registro de la propiedad todos los deslindes, las consecuencias de esta política serán mayor urbanización, mayor gasto público en protección y menores recursos comunes para el 99%. Es obligatorio señalar que la costa es, por definición, dinámica, en unos sitios crece y en otros se erosiona. Por ello sería obligatoria una nueva clasificación para estas propiedades, que literalmente pueden quedar en mitad del mar a pesar de ser muy legales.

El litoral mediterráneo, parte del atlántico y del cantábrico han sufrido un proceso “acelerado” e “intenso” de urbanización del suelo en los primeros kilómetros de costa. Entre 1987 y 2005 se urbanizó a una media de más de dos hectáreas cada día en los primeros 500 metros, lo que supone que en menos de una generación casi la mitad del litoral mediterráneo –un 43%– se ha convertido en artificial. El sector inmobiliario y constructor tendrá otra pequeña burbuja, esta vez todavía mas cerca del agua, sobre este recurso “muy atractivo, escaso [la franja de 500 metros es tan solo el 0,5% del territorio] y no renovable”. Desaparecerán bajo el cemento playas, salinas, marismas, zonas húmedas. El turismo disminuirá, en busca de otros destinos mejor conservados y con mayor calidad paisajística, como ya está sucediendo.

Disparates y agravios

Por otra parte, la falta de criterios científicos, que permite construir hasta los 20 metros, con la destrucción consiguiente de ecosistemas y zonas naturales existentes, unida a la no consideración del cambio climático, determinará que parte de estas construcciones se vean afectadas por tormentas y temporales y se deberán (¿o no?) proteger por el Estado, aportando éste, año tras año, o temporal tras temporal, recursos cuantiosos para proteger inversiones y propiedades privadas. Además se generará una mayor conflictividad entre diversos municipios: en unos hay amnistía o se permiten chiringuitos y en otros no; en unas playas se autoriza construir hasta 20 metros y en otras no. Así como se abre un agravio entre propietarios según sean nuevos deslindes o antiguos. Es previsible que los no “beneficiados” reclamen, como es lógico, las nuevas condiciones y se genere, esta vez sí, una mayor inseguridad jurídica que la que se pretendía resolver. Aparte, es probable que existan preceptos directamente inconstitucionales. La ley de 1988 se aprobó por unanimidad y ha sido aplicada por los dos partidos, si bien con distinto entusiasmo y, aunque ha sido insuficiente para la protección del litoral, es mucho mejor que cargársela, como propone este Anteproyecto. El futuro va en la línea del Protocolo del Mediterráneo de gestión integrada de zonas costeras, firmado y obligatorio para España desde marzo de 2011, cuyas directrices están siendo adoptadas por sociedades más avanzadas y que propone líneas de conservación del litoral, integración de políticas de aguas y mar, enfoque ecosistémico, etc, es decir criterios de conservación más rigurosos sobre este espacio estratégico.

Sin embargo, éste es un anteproyecto que privatiza bienes comunes, que posibilita destruir zonas naturales de gran valor ecológico, que va en contra del sentido común y de la opinión del 99% de la población y que, paradójicamente, genera inseguridad jurídica. Sería lógico y deseable que hubiera consenso entre los partidos y el grueso de la sociedad civil buscando los intereses generales del conjunto de los ciudadanos. Una ley que determinará los usos del litoral en los próximos decenios y que debería tener la sostenibilidad como uno de sus ejes y no solo en el enunciado.

10 municipios con 11 núcleos se amnistían

Dentro de ellos se incluye la isla de Formentera donde “se hará un deslinde más laxo” es decir, se permitirá edificar más cerca del mar. No se encuentra justificación para incluir estos municipios y esta isla, y no otros. Es decir, que la Ley incluye criterios arbitrarios. Se abre la posibilidad de que el resto de núcleos costeros solicite también esta amnistía.

135 años para derribar los edificios ilegales

La suma de los 30+30 años permitidos hasta ahora, en los que se tenían que derribar las edificaciones en el dominio público marítimo terrestre y los 75 años añadidos por este anteproyecto serán difícil de explicar a los municipios que han cumplido con sentencias firmes del Tribunal Constitucional. Estas casas se podrán arreglar, comprar y vender. Es decir, se permite que los edificios permanezcan durante seis generaciones. Ninguno de nosotros veremos una mejoría en el litoral establecida por este gobierno ¡hasta 2123!.

20 metros de protección frente a los cien actuales

20 metros es la distancia en que se autoriza a edificar en rías y en determinadas playas urbanas, reduciendo la servidumbre de protección desde los cien metros “en atención a características topográficas o hidrográficas”. Se consiente que las industrias (“extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera”) situadas en dominio público puedan prorrogar la concesión con un informe. Privatiza marinas artificiales como Ampuria Brava y permite a los chiringuitos mayores espacios y periodos de permanencia en la playa. Las salinas y demás zonas que se inundan también entrarán en el “libre” mercado.

Fernando Prieto es Doctor en Ecología

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Tragedia-de-los-comunes-en-la.html

Noticia relacionada: http://www.diagonalperiodico.net/A-Torrevieja-se-le-va-La-Hoya.html

Comparte este artículo: