El gobierno quita la sanidad pública a los inmigrantes irregulares

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El Real Decreto 16/2012 aprobado por Mariano Rajoy cambia el acceso al sistema sanitario universal público, y sin copago, de un importante número de personas que quedarán sin la protección sanitaria adecuada en las fases de atención primaria y especializada.

Instaurando una fórmula mercantil donde se crea un sistema de “convenios”, para que los inmigrantes indocumentados puedan exclusivamente ser atendidos en la sanidad pública bajo la condición de pagar 710 euros anuales. Y en el caso de los mayores de 65 años sube a un total de 1.864 euros. Al tiempo que se aplicará también un 40% de coste en los medicamentos a las inmigrantes embarazadas —a las que la sanidad pública tiene que atender obligatoriamente durante su embarazo, parto y posparto— y a los menores extranjeros.

De esta forma los inmigrantes sin papeles dejan de tener las prestaciones garantizadas en la salud y pasan a convertirse en posibles usuarios de los sistemas públicos realizando pagos mensuales, tal cual ocurre hoy con el sistema privado sanitario.

El maquillaje implícito en esta ley, solo pretende suavizar la brutalidad de la negación al acceso a la atención sanitaria y lo disfraza basándose en la capacidad económica del inmigrante. Su entrada en vigor este 1 de septiembre, sin duda producirá una marginación de este colectivo vulnerable, pero ahora con el argumento de las razones económicas, ya que muchos de ellos no podrán pagar su atención.

La ley deja sin atención a miles de personas, quitándoles el derecho recogido en la ley sanitaria cuyo vigor acaba este 31 de agosto de 2012. Pero a su vez se inscribe en un paso más en el proceso de privatización y marginación en el acceso universal a la sanidad pública.

Estas medidas dan cuenta de la falta de sensibilidad para con los inmigrantes en general, y con los de la tercera edad en particular, y son un mensaje dirigido a los sectores mas xenófobos que apoyan al gobierno, ya que a la hora de las cuentas el ahorro producido por esta inmoral medida no guarda relación con los gastos que se tendrían que incurrir en casos por ejemplo de una epidemia no controlada. Por la gravedad de la puesta en marcha de esta ley, importantes colectivos vinculados a la salud pública, así como asociaciones de inmigrantes rechazan esta ley y exigen su inmediata derogación. Llaman a desobedecerla y a luchar por el regreso a la anterior ley de sanidad, la que garantizaba el acceso y atención gratuita y universal a todas las personas.

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