El poblado de Puerta de Hierro, al borde de la desaparición

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A las cuatro y media de la madrugada, los ladridos del perro despertaron a Mila. Minutos más tarde la policía municipal llamó a su puerta. Tres horas después, una máquina excavadora había echado abajo la que durante 36 años fue su casa. Puede parecer el principio de una película, sin embargo es la cruda realidad de los vecinos del poblado madrileño de Puerta de Hierro que el martes 17 de julio sufrieron la última acometida del Ayuntamiento de Madrid. Fueron derribadas dos de las últimas cuatro viviendas que aún permanecían en pie. No es nada nuevo para esta gran familia gitana –allí de un modo u otro, todos son parientes- que desde julio de 2010 ha visto cómo el consistorio derribaba paulatinamente 52 de sus 54 casas.

“En poco tiempo me lo quitaron”, lamenta Mila, sentada junto a los restos de su casa. Allí vivían 22 personas en total, ya que hacía tiempo que sus hijos y sus 10 nietos se alojaban con ella y su marido después que sus casas también fueran destruidas. El caso de Mila es una más de las irregularidades que el Ayuntamiento de Madrid ha cometido desde que inició el plan de erradicación del chabolismo con el que comenzó esta odisea. “Mi casa estaba protegida por el juzgado número de 12, pero aun así me la han tirado”, dice. Gerencia de urbanismo consiguió que otro juzgado diera la orden de derribo. Ahora, ella y su familia duermen en varias tiendas de campaña, “pero no sé qué vamos a hacer en invierno”, dice mientras se le quiebra la voz. “Algún día tendrán que dar cuentas por lo que nos están haciendo”.

El otro derribo refleja una paradoja. Mari Carmen, además de residir en el poblado durante más de diez años, es la profesora que el propio Ayuntamiento contrata cada año como parte del programa de actividades extraescolares. “Eran las seis de la mañana y estaba sola con mi hijo. La policía tocó a la puerta y me dijo que recogiera las cosas, que tenían que tirar mi casa”. No le dio tiempo a salvar todo, como comprueba cada vez que camina entre los escombros. Ahora está instalada en una caravana con un porche plegable.

Ni a ella ni a su familia le dieron ninguna posibilidad de realojo, “los trabajadores del SAMUR social me ofrecieron dos días en un albergue, pero para eso me quedo aquí y no tengo que mover las cosas”, explica. En su casa residían varias personas mayores que también habían perdido su casa hacía tiempo. Su habitación es ahora la parte trasera de una furgoneta donde hay varios colchones.

Lo peor no es la pérdida de la vivienda, sino el olvido por parte de la administración de una comunidad ya de por sí relegada al ostracismo. Mari Carmen afirma que durante el último año no se cursan debidamente los recursos administrativos ni se tiene claro si el poblado está en la ruta del autobús escolar del próximo curso. “Antes se preocupaban de si un niño faltaba un día a clase y ahora no se les importan que no se pueda lavar”, añade. Sin embargo, ella tiene claro que “nos podrán tirar las casas, pero este suelo es nuestro”.

Acciones legales

El poblado de Puerta de Hierro lleva en pie desde 1961 y sus habitantes no pueden comprender que ese trozo de tierra no les pertenezca. Tras varios recursos fallados en contra por lo contencioso administrativo y otros cuatro procesos abiertos, algunas familias han decidido emprender al alternativa por lo civil y solicitar la titularidad del suelo, algo que el consistorio no ha podido probar ante un juez, y que se reconozca a los moradores como propietarios.

Por otra parte, Amnistía Internacional está ofreciendo su apoyo y va a llevar el caso hasta el Tribunal de Derechos Humanos de La Haya, ya que entiende que los derribos que se están llevando a cabo violan el derecho internacional, concretamente el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho a la vivienda.

Del mismo modo, este organismo se ha dirigido a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, para exigirle que paralice unos desalojos en los que “no hay garantías tales como una consulta previa, el ofrecimiento de un alojamiento adecuado, un examen de la proporcionalidad de la medida, ni una valoración de su impacto”. Algo que también se ha hecho desde la asamblea del barrio de Moncloa del 15M, que ha estado apoyando a estas familias desde hace tiempo.

La vida entre escombros

De hecho, las consecuencias de las demoliciones han sido graves. Dos mujeres sufrieron abortos y otras dos personas tuvieron que ser hospitalizadas con una angina de pecho después de que las máquinas les privaran de un lugar en el que habitar dignamente. Hay que tener en cuenta que, de los 300 habitantes del poblado, 70 son niños, que tienen que dormir lejos de sus padres y cambiar con frecuencia de una a otra casa de algún familiar.

“Solo pedimos un trozo de techo, aunque tengamos que pagarlo, pero no nos lo dan, si no que además nos quitan el que tenemos”, critica María del Carmen, de 59 años mientras coge a uno de sus nietos con una mano y termina de cocinar el arroz con la otra. Ella, como la mayoría de los moradores del poblado, nació, se crio y se casó allí. Desde hace dos años, vive en la escuela del poblado junto a otras cinco familias. “No podemos pagar un alquiler normal y tampoco tenemos otro sitio a dónde ir”, explica.

La situación es más que precaria en este poblado, que intenta mantener su rutina: trabajar en la venta ambulante o vendiendo chatarra, e ir al “culto” (la iglesia) todos juntos, aunque ahora sea el hogar del pastor evangélico del poblado y su familia. Sólo quedan en pie cuatro edificios, mientas los realojos “han sido diez y dispersos”, explica Mari Carmen.

Los pocos realojos que ha ofrecido el Ayuntamiento corresponden a los moradores más veteranos. En régimen de alquiler social, han sido alojados en pisos separados, lo que ha provocado problemas de adaptación para algunos de ellos. La de Mila fue una de las familias “afortunadas”. El ayuntamiento le otorgó una vivienda, pero ahora le deniegan el realojo porque ella lo rechazó. “Mis hijos y mis nietos también vivían conmigo porque también les tiraron sus casas, yo no me voy a otro sitio hasta que ellos también tengan un techo”, argumenta.

La intención del consistorio madrileño no es erradicar el chabolismo, en primer lugar porque en Puerta de Hierro nunca hubo chabolas, sino casas solidas de ladrillo, y además porque está generando más marginalidad de la que podía haber. Prevé tenerlo “limpio” a finales de año. El poblado está bien comunicado por dos autovías, tiene un campo de golf al lado y está cerca de la universidad, ¿qué familia española de bien no querría un chalet ahí?

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