El juez exige al alcalde de Arroyo y a García Galván una fianza de un millón de euros en 3 días

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El juez instructor del caso Arroyo, José María Crespo, ha requerido al regidor independiente de ese municipio, José Manuel Méndez Freijo, y al portavoz del PP en la Diputación Provincial, Jesús García Galván, para que depositen a más tardar este viernes, 27 de julio, una cifra global de 1.050.000 euros en concepto de fianza con la que asegurar las posibles responsabilidades que pudieran imponérseles en el supuesto de ser condenados por los delitos de los cuales se les acusan.
Las fianzas están previstas en la ley de Enjuiciamiento Criminal y en el caso de José Manuel Méndez el juez ha fijado 650.000 euros y para García Galván 400.000. Así se recoge en la parte dispositiva del auto de apertura del juicio oral, de fecha 21 de julio. El actual alcalde de Arroyo de la Encomienda está acusado de dos delitos de cohecho, dos delitos de prevaricación urbanística, y uno de malversación de caudales públicos, por los que la Fiscalía pide 10,5 años de cárcel.
En el caso del concejal del Ayuntamiento de Valladolid, el juez le procesa por un delito de prevaricación y otro de cohecho, y solicita un total de tres años de cárcel.
En la resolución se establece además que en el caso de que los dos acusados no depositasen las fianzas se procederá «a embargar los bienes que tengan a su nombre en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada».
Como en otras ocasiones, el depósito se podrá hacer también mediante un aval bancario, cuya certificación se entregará en el juzgado de Instrucción 1.
La fianza más importante impuesta por el juez, que durante seis años ha investigado el caso Arroyo, se refiere al dueño de la constructora Mahía, Ramón López Casal, quien tendrá de depositar 1,1 millones de euros también en idéntico plazo. A este promotor gallego, la Fiscalía y la acusación popular le acusan de urdir un plan con Méndez y su socio, José Presas, para recalificar centenares de hectáreas rústicas de Arroyo con destino a la edificabilidad de viviendas. Una operación que se habría consumado en el sector SAU 13, y que en el SAU 9 se frustró pese a que se suscribió un convenio urbanístico de recalificación para 2.984 pisos con la apoderada de Mahía, María Iluminada Miguel. A esta última, también procesada por prevaricación y cohecho, el juez le ha solicitado una fianza de 210.000 euros.
Finalmente, el arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salázar, para el que el fiscal reclama cuatro años de cárcel y 9 de inhabilitación para cargo público, deberá entregar 150.000 euros de fianza.
En el auto de apertura de juicio oral, el instructor recoge la aplicación de la agravante de carácter público a los tres acusados que habrían cometido los delitos amparándose en su posición de empleados públicos. En este caso, cita al alcalde de Arroyo, al que fuese delegado de la Junta y presidente de la CTU (Galván) y al arquitecto municipal.
Vista oral pero sin jurado
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que preside el magistrado Feliciano Trebolle, será la encargada de juzgar a los seis procesados por el caso Arroyo. El hecho de que los seis inculpados hayan sido acusados de delitos de prevaricación urbanística, incluidos en el procedimiento, ha evitado que el juicio fuese visto por un tribunal de jurado popular, que sí puede juzgar los otros delitos, como la malversación de caudales.
Por ello, en el auto de apertura oral, el magistrado José María Crespo declara como tribunal competente a la Audiencia Provincial.
Fuentes judiciales indicaron que una vez todas las partes hayan recibido la notificación y designados a los letrados defensores, se procedería a señalar el día para la celebración de la vista oral, que se llevaría a cabo durante varios días, previsiblemente, para marzo del 2013.
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