Por la puerta de atrás.El alcalde se defiende ante el juez durante dos horas y cuarto de una presunta manipulación del Plan General de Ordenación Urbana

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Medio centenar de vecinos se ha concentrado en las puertas de los juzgados de Valladolid donde esta mañana declara el alcalde, Javier León de la Riva, en calidad de imputado, para ser interrogado sobre las modificaciones irregulares realizadas en el PGOU. según informa Europa Press.
Los concentrados, convocados por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valladolid , portaban pancartas en las que se podía leer ‘La plaza Mayor huele a podrido’, ‘Que mal huele el Ayuntamiento’ o ‘No al caciquismo’, además de que no han dejado de hacer sonar silbatos y pitos.
El alcalde llegó a los Juzgados de la calle Angustias en coche y accedió a las dependencias por el garaje, al que se entra por la calle Torrecilla, por lo que no pudo ser visto ni por los vecinos concentrados ni por los medios de comunicación allí presentes.

Para entender cómo se ha llegado a que el alcalde de Valladolid sea citado a declarar como imputado (primera vez en la historia de la ciudad que un regidor es protagonista de una ircunstancia así) hay que remontarse en el tiempo cuatro años. Fue en 2008 cuando el Grupo Municipal Socialista decidió denunciar las manipulaciones registradas en la principal norma urbanística vallisoletana. El PSOE acusó al alcalde de «ser el responsable» de modificar algunos puntos o artículos del PGOU de 2003 lo que, supuestamente, podría haber representado beneficios para los dueños de algunos solares. Lo cierto es que en marzo del año 2003 el Pleno del Ayuntamiento aprobó un plan y el qe se publicó un año después en el Boletín Oficial de la Provincia no era el mismo.
Lo que sí parece tener claro la Fiscalía (ante la que los socilaistas presentaron su denuncia hace cuatro años) es que las manipulaciones en el documento fueron de calado.
Entre ellas, destaca el cambio en la etiqueta de un plano de una parcela en el número 185 de la avenida de Madrid, que permitía construir 124 viviendas donde originalmente, en el documento aprobado por el pleno, únicamente cabían nueve. En este caso, el Ayuntamiento lo corrigió y los compradores del suelo reclaman ahora 8,3 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.
El juez investiga otros cambios de uso como el que permitió excavar un aparcamiento de 400 plazas en el entorno de Cáritas, en la calle José María Lacort, donde, según la denuncia del PSOE, el Ayuntamiento perdió 700.000 euros en concepto de cesiones. También se analiza el aumento de edificabilidad en Ciudad de la Comunicación –del 55% al 61%– o la modificación que se realizó para permitir que los despachos profesionales se ubicasen en edificios residenciales sin la obligación de estar ligados a una vivienda como determinaba el documento original.
Desde que se conoció que León de la Riva acudiría a declarar ante el juez en calidad de imputado, es decir con asistencia de un letrado, el regidor ha insistido en que no tiene «nada que ocultar» sobre este asunto. Ha afirmado que se ciñó a los informes de los técnicos para dar el visto bueno al documento y que no es responsabilidad de un alcalde cotejar artículo por artículo el PGOU. Él irá, según ha destacado, «a pecho descubierto», convencido de que detrás de estos cambios no hay delito y de que él no tiene ninguna responsabilidad en las alteraciones.
Está previsto que la declaración de Francisco Javier León de la Riva se extienda hasta el mediodía, según las fuentes judiciales próximas al caso consultadas por El Norte.

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