Aguirre elimina las ayudas a la vivienda

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“Acabamos de recibir una circular en la que se informa de que, a raíz de la nueva normativa publicada día 9 en el BOCM [Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid], se anulan todas las ayudas de vivienda, incluidos los expedientes en curso”. Atónito se quedó ayer por la mañana un supuesto beneficiario de estas ayudas de 35 años al recibir esta contestación en el 012, número de información de la Comunidad de Madrid. Vive junto a su pareja en una vivienda de protección pública en “una zona nueva de Alcobendas” que le correspondió por sorteo y que perteneciente al plan de ayuda a la vivienda de 2008. El piso, de “50 y pico metros cuadrados” y que les costó unos 155.00 euros —con una hipoteca sobre el 80% de su valor—, se lo entregaron en el verano de 2010 y a finales de ese año presentó la documentación para acceder a una ayuda, denominada cheque-vivienda, una ayuda de entre el 5 y el 10% del precio total del piso según la renta.

“Yo estaba pendiente de la ayuda, tenía que salir ahora. Llamé hace ocho meses y me explicaron que mi documentación estaba admitida, que el expediente estaba abierto pero que tenía que esperar, que se estaban produciendo dos años de media de retraso en los pagos”, cuenta el afectado, que no quiere que se publique su nombre por “temor a represalias”. Se siente “un currito contra el Gobierno regional”. Tal y como está “la cosa”, siente pavor a “aparecer” con nombre y apellidos, a señalarse.

Pero sí quiere denunciar que “por lobajini, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha eliminado de un plumazo todas las ayudas y lo cuelan sin avisar, por el BOCM”. Está seguro de que el grueso de los afectados “ni se ha enterado” de que ya no podrá contar con ese dinero, aunque hayan presentado la documentación hace dos años y cumplan todos los requisitos. “Me parece muy bien que eliminen las ayudas a futuro, pero no con retroactividad”, critica, sin saber muy bien todavía cómo reaccionar, a quién acudir. En su caso, esperaba unos 5.000 euros, que a su vez le habían prestado familiares, confiando en que la ayuda regional llegaría.

Preguntada al respecto, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, de quien depende Vivienda, se limita a remitir punto por punto a lo escrito en el BOCM sin aclaración alguna. En concreto, el boletín publicó ayer la modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2012 que, en su artículo 20, suspende los decretos que regulan las ayudas a vivienda —el 11/2001 de 25 de enero y el 12/2005 de 27 de enero—. En la práctica, y dado que las ayudas a la compra de viviendas de protección pública ya se eliminaron en 2009, supone el fin del cheque vivienda y de las subvenciones a la rehabilitación y un importante mordisco a uno de los planes más publicitados de los últimos años por Aguirre, las ayudas para la instalación de ascensores, que eran de hasta el 70% del valor con un máximo de 50.000 euros por ascensor y que ahora pasan al 25 % con un límite de 15.000. La presidenta de Madrid, que se comprometió en el debate de investidura a impulsar las políticas de rehabilitación, llegó a inaugurar el ascensor número mil instalado gracias a las ayudas concedidas por el Gobierno regional en abril de 2010.

“Desde ayer no se reconocerán ayudas, no se van a conceder más”, explica una portavoz de la consejería, que no aclara si afecta a los expedientes abiertos, muchos de ellos admitidos a trámite desde hace años. Tampoco cuantifica el número de afectados. Sí subraya lo que aclara el BOCM, que se mantienen “las vigentes Áreas de Rehabilitación declaradas con arreglo a Planes estatales, y cuya financiación haya sido aprobada mediante Acuerdos de Comisión Bilateral”. En realidad, esta excepción responde a una modificación introducida por el propio grupo popular durante la tramitación de los segundos presupuestos, aprobados el pasado martes en la Asamblea de Madrid. Fuentes de la oposición explican que, de haberse mantenido el texto original —el artículo 18 del anteproyecto —, “mucho más duro y que eliminaba todas las ayudas, también las estatales”, el Gobierno regional tendría que haber devuelto al Estado 140 millones de euros ya concedidos para dichos planes, que son cofinanciados por ambas Administraciones.

El portavoz de Vivienda del PSM en la Asamblea, Antonio Fernández Gordillo, sostiene que “lo grave” del asunto es que “se están suprimiendo las ayudas regionales a la rehabilitación” y que la medida, dada la complejidad y lentitud de su tramitación, “se va a aplicar con carácter retroactivo”, una práctica que, recuerda, es “claramente ilegal”. “Va en contra de los derechos consolidados de los ciudadanos, están cercenando y recortando sus derechos”, se queja. Según los cálculos de los socialistas, “afectará a más de 31.000 viviendas en proceso de rehabilitación — a razón de una media de 6.000 euros por piso con un máximo de 9.000—, con las obras sin iniciar o incluso terminadas, que se van a quedar colgadas sin financiación”. A los dueños de esos pisos, que tendrán que poner el dinero de su bolsillo o renunciar al proyecto, hay que sumar toda la cadena, que confiaba en la rehabilitación para subsistir: las empresas de construcción, los obreros, los arquitectos, los aparejadores…

Gordillo precisa que “de las 186.000 viviendas que se iban a rehabilitar, según el Gobierno regional, con cargo al Plan Regional 2009-2012, no se ha calificado ni una sola actuación de rehabilitación”, es decir, “cero viviendas rehabilitadas”. Además, “se han suprimido las ayudas pendientes del Plan 2001-2005 y del 2005-2008, a excepción de aquellas que habían sido aprobadas mediante acuerdos bilaterales con el Estado, dejando colgadas las ayudas a 31.758 viviendas que habían sido declaradas con cargo al Plan 2005-2008”.

Según Fernández Gordillo, entre los municipios más afectados se encuentran Alcorcón y Torrejón de Ardoz. “En Alcorcón, de las 12.000 viviendas del Plan de Rehabilitación Integral de 2009, solo 1.500 tienen ayudas estatales, que se mantienen. El resto, 10.500, se quedan sin nada”, precisa. “Otro caso muy concreto es el área central de Torrejón, donde de 8.500 viviendas solo podrán contar con fondos públicos 2.500”. En el capítulo de los cheques-vivienda, el PSM no tiene una cifra de damnificados, más difícil de calcular por su carácter individual. En cuanto a los ascensores, incidirá en “2.500 ya instalados”. “Entre las zonas más afectadas por este recorte se encuentra la Ciudad de Los Ángeles, donde el 40% de los ascensores colocados al amparo de estas ayudas se quedarán con el 70% de lo prometido”. En Ciudad de los Ángeles está, precisamente, el elevador inaugurado por Aguirre hace dos años. Ante esta situación, el PSM, que estudia vías para impugnar la medida, recomienda a los afectados que recurran a los tribunales y al Defensor del Pueblo, porque se trata de “ayudas ya reconocidas y concedidas a falta de unos trámites”.

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