El alcalde declara el jueves ante el juez por la manipulación del PGOU

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No será una declaración más dentro del caso de la manipulación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid. Hasta ahora han comparecido ante juez José María Crespo, titular de Instrucción 1, concejales, técnicos municipales, constructores, propietarios de suelo y exediles. El jueves será el turno del máximo responsable del Ayuntamiento de la capital. Francisco Javier León de la Riva ha sido citado a las 9:30 horas en el edificio de la calle Angustias para que conteste a las preguntas de la Fiscalía sobre los cambios que se produjeron en el principal documento urbanístico del municipio, después de que fuera aprobado por el pleno, en diciembre de 2003, y antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004. Unas «alteraciones conscientes», según han determinado los magistrados del TSJ, con las que presuntamente se buscó beneficiar a determinados propietarios de suelo en la ciudad. ¿Quién y por qué decidió modificar artículos y planos? Esa es la cuestión que se pretende desentrañar con esta investigación penal que surgió a raíz de una denuncia del Grupo Municipal Socialista ante la Fiscalía en 2008.
Desde que se conoció que León de la Riva acudiría a declarar ante el juez en calidad de imputado, es decir con asistencia de un letrado, el regidor ha insistido en que no tiene «nada que ocultar» sobre este asunto. Ha afirmado que se ciñó a los informes de los técnicos para dar el visto bueno al documento y que no es responsabilidad de un alcalde cotejar artículo por artículo el PGOU. Él irá, según ha destacado, «a pecho descubierto», convencido de que detrás de estos cambios no hay delito y de que él no tiene ninguna responsabilidad en las alteraciones. De hecho, en un encuentro informativo organizado por la Asociación Vallisoletana de la Prensa afirmó que no contemplaba su imputación formal en el caso porque no ha cometido irregularidades. Esa posible imputación, dijo, «quebraría» su opinión «sobre la imparcialidad de la Justicia». A la puerta del edificio le estarán esperando representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales, que ha convocado una concentración de repulsa por la situación de «incumplimiento de la legalidad» por parte del Consistorio. La entidad ha preparado una protesta desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde en la entrada de los juzgados y una ‘marcha inglesa’ (con carteles y megafonía en fila de a uno por las aceras) desde Angustias hasta el Ayuntamiento y la plaza de Zorrilla.
Hasta el momento lo que ha trascendido de la ronda de declaraciones ante el juez ha arrojado poca luz sobre el asunto. Nadie sabe nada, nadie recibió ninguna orden, pero lo que sí parece tener claro la Fiscalía es que las manipulaciones en el documento fueron de calado.
Entre ellas, destaca el cambio en la etiqueta de un plano de una parcela en el número 185 de la avenida de Madrid, que permitía construir 124 viviendas donde originalmente, en el documento aprobado por el pleno, únicamente cabían nueve. En este caso, el Ayuntamiento lo corrigió y los compradores del suelo reclaman ahora 8,3 millones en concepto de responsabilidad patrimonial.
El juez investiga otros cambios de uso como el que permitió excavar un aparcamiento de 400 plazas en el entorno de Cáritas, en la calle José María Lacort, donde, según la denuncia del PSOE, el Ayuntamiento perdió 700.000 euros en concepto de cesiones. También se analiza el aumento de edificabilidad en Ciudad de la Comunicación –del 55% al 61%– o la modificación que se realizó para permitir que los despachos profesionales se ubicasen en edificios residenciales sin la obligación de estar ligados a una vivienda como determinaba el documento original.
Las diligencias cumplen cuatro años. En este tiempo la Policía ha recopilado documentación y ha rastreado los ordenadores donde se pudieron producir las alteraciones, mientras que el juzgado ha ido citando a las personas relacionadas. La declaración mañana del alcalde no pone fin a esta ronda. El exconcejal de Urbanismo José Antonio García de Coca y el arquitecto municipal Luis Á. A. volverán a declarar el próximo mes de septiembre.

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