Persecución política por un acto simbólico

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El viernes 22 de junio el madrileño barrio de Lavapiés amaneció bajo un amplio despliegue de policía y medios de comunicación apostados en la calle Ave María. La acción fue rápida, como registra el vídeo realizado por la propia Policía Nacional. Una hilera de agentes encapuchados, acompañados de antidisturbios, penetró bajo orden de registro y arresto en un piso del número 28 de esta calle. Cuatro jóvenes fueron conducidos al exterior camino de los furgones ante un mar de flashes fotográficos.

La denominada Operación Nido, finalizó con un total de seis detenidos que estuvieron entre uno y dos días en las dependencias policiales del distrito de Moratalaz. Tras pasar revisión judicial fueron puestos en libertad sin medidas preventivas. Se les imputan cargos por desórdenes públicos y coacción, lo que puede suponer hasta tres años de cárcel, según apunta a DIAGONAL Erlantz Ibarrondo, abogado de los jóvenes.

Interpretaciones políticas

El método de protesta activa ha sido criticado duramente por algunos políticos del Partido Popular. Es el caso de Esperanza Aguirre, quien ya había declarado ante la primera acción de esta índole por otros jóvenes en elmes de abril que “estos individuos que han puesto en peligro la seguridad de los ciudadanos y los viajeros y que están haciendo un flaquísimo servicio al magnífico transporte público que tenemos en Madrid, no pueden irse de rositas y no van a irse de rositas”.

Con motivo de la segunda acción de desobediencia, el portavoz del PP, Íñigo Henrí-quez de la Luna esperaba que “se depurasen responsabilidades” y reclamaba a la Policía que persiguiese a los participantes en ese acto para “iniciar procedimientos penales”. El jefe superior de la Policía en Madrid, Alfonso Fernández Díez, afirmó que se trataba de un grupo que estaba “perfectamente coordinado, siguiendo un plan exhaustivo con distribución de funciones en células integradas por dos personas, las cuales, con un modo de actuación idéntico, consiguieron llevar a cabo el primer sabotaje de abril”.

Criminalizar la protesta

En lo referente a algunos medios de comunicación, destacaría el breve reportaje que realizó Telemadrid ante la primera acción de abril. Éste afirmaba que “según metro de Madrid, más de 10.000 viajeros han sido víctimas de este sabotaje”. La cadena pública madrileña también sostuvo que “los trenes frenan en seco”, cuando los convoyes en el momento de la acción estaban en las respectivas paradas con las puertas abiertas. Si nos adentramos en las crónicas de prensa, se definen estas protestas con términos como “vandalismo”, “sabotaje” o “boicot”.

Todo ello genera en la opinión pública la idea de que la acción está organizada por un grupo que realiza prácticamente actos terroristas, aumentando la magnitud de los hechos.

Sembrar la discordia

Según la Jefatura Superior de Policía y la Delegación del Gobierno, el papel de una parte del 15M ha sido clave en las últimas detenciones realizadas, en palabras de Cristina Cifuentes, delegada de Gobierno: “Las detenciones han sido posibles gracias a personas del 15M que no están de acuerdo con acciones de este tipo, violentas en cierto modo y perjudiciales para el propio movimiento”.

Dicha afirmación ha sido desmentida desde la comisión de legal de Sol. Asimismo, el 24 de junio, la Asamblea General de Sol emitió un comunicado para asumir “todas las acciones de desobediencia destinadas a protestar contra el tarifazo del Metro de Madrid” y explicaba con contundencia que “si alguien decidiera colaborar con la Policía para denunciar acciones llevadas a cabo por otras compañeras, no sería posible que pudiera sentirse dentro del 15M, pues estaría traicionando las formas políticas de autoorganización que nos hemos dado a nosotras mismas”.

Por su parte, la asamblea popular del barrio de los Austrias lanzó un comunicado el pasado 29 de junio en el cual denunciaban “la connivencia de determinados medios de comunicación y periodistas con los mandos policiales, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid y el Ministerio del Interior” con el objetivo de “desacreditar, cuando no calumniar, a los movimientos o grupos populares de apoyo”.

A la espera de la fecha del juicio, los acusados consideran que se está ejerciendo una “campaña mediática” por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid y del Ministerio de Interior, que consiste en “criminalizar las acciones”, comparándolas incluso con actos de terrorismo. Los medios convencionales, por su parte, contribuyen, según esta asamblea de barrio, a fijar en la opinión pública una imagen distorsionada de la protesta contra el incremento del 90 % del billete de metro en los últimos nueve meses y la reducción de horario de los servicios del suburbano.

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