Atacando la protesta social por el bolsillo

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Ataque directo, pero por la vía económica. Si poco después de las manifestaciones de estudiantes que tuvieron lugar en febrero en Valencia, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba cambios en el Código Penal que supondrían la penalización de la resistencia pasiva como forma de atentado a la autoridad y la criminalización de la convocatoria a través de internet de concentraciones que puedan ser consideradas violentas, tras el 12M15M la amenaza viene por la vía administrativa, es decir, la económica.

 

Según explica Antonio Segura, abogado penalista especializado en derechos humanos, los cambios anunciados en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana responden a las movilizaciones sociales, especialmente al 15M, por ser un movimiento no violento. “Buscan una respuesta distinta a estos movimientos pacíficos, a base de dinero. Pagas o te embargan el sueldo, la vivienda, etc. Es una táctica muy efectiva y más elevando la sanción”, afirma el jurista.

Esta estrategia represiva no es nueva. Con el Gobierno de Aznar, el entonces delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Javier Ansuátegui, se dedicó a frenar movimientos sociales a golpe de sanciones, aunque para ello no se hizo ningún cambio en la ley orgánica. “Ocurrió ya con el tema de la A-3 en el barrio de Santa Eugenia. El movimiento que surgió en contra de su ensanche se disolvió con sanciones bestiales. Es una forma muy efectiva de disolver movimientos sin necesidad de violencia física”, explica Segura.

Tampoco ha hecho falta cambiar el texto para que unos 250 estudiantes valencianos hayan recibido multas de hasta 6.000 euros por concentrarse en las inmediaciones de una comisaría y cortar calles.

Los cambios anunciados en la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya aprobación se prevé para antes del verano, suponen que las infracciones leves, que antes conllevaban sanciones de hasta 300,51 euros, pasen ahora a ser castigadas con multas de 300 a 3.000 euros. La multa mínima a infracciones graves pasaría a ser de 3.000 euros y la máxima de 30.000. Eso sí, la multa mínima de las infracciones muy graves se mantendría en los 30.000 euros y la máxima bajaría de los 600.000 a los 300.000. Como consecuencia, las concentraciones en la vía pública no comunicadas, generalmente castigadas con el mínimo contemplado para las infracciones graves, pasarían a acarrear multas de un mínimo de 3.000 euros.

Sin embargo, más allá de la cuantía de las multas, los cambios anunciados suponen que actos que actualmente son considerados leves pasen a ser muy graves. Éste es el caso de la desobediencia o falta de respeto a la autoridad o sus agentes, es decir, a la policía, infracción que hasta ahora tenía una sanción máxima de 300 euros y que, si los cambios anunciados se llevan a cabo, pasará a considerarse falta grave o muy grave y será castigada con una multa que podría ir de los 3.000 a los 300.000 euros.

Acudir a manifestaciones con capucha o máscaras como las de Guy Fawkes, tan vistas y mediatizadas en los actos del 15M, también será considerado una infracción grave. A esto se le suma la indefensión ante la vía administrativa, en la que, según explica Segura, la única opción del sancionado es recurrir ante la misma administración que le ha sancionado o ir a un contencioso-administrativo, “un procedimiento largo y costoso”.

La asociación Jueces para la Democracia también ha expresado su rechazo a los cambios anunciados por el ministro, que, según afirmó a Europa Press su portavoz, José Luis Ramírez, “pueden poner en riesgo derechos fundamentales como el de reunión, asociación o libertad de expresión” y cuyo único objetivo es “disuadir a quienes quieren expresar en la calle su opinión acerca de las decisiones y los recortes que está adoptando el Gobierno”.

La asociación de jueces y la Unión Progresista de Fiscales ya emitieron un comunicado conjunto ante la información sobre el cambio del Código Penal en el que reivindicaban que “el Derecho Penal no es la respuesta a los problemas sociales” y tachaban la criminalización de la protesta anunciada por Fernández Díaz de perseguir “la disuasión de la protesta legítima”.


¿JUSTICIA UNIVERSAL? TASAS HASTA 750 EUROS MÁS CARAS

En paralelo a los cambios anunciados por el ministro de Interior, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en marzo su propuesta para desatascar los juzgados españoles y sufragar la justicia gratuita: el copago. El aumento de las tasas, de entre 50 y 750 euros, que se aplicaría a las demandas y recursos en la vía civil y contencioso-administrativa, supondría, según los cálculos del Ministerio, la recaudación de hasta 300 millones de euros.

El Consejo General del Poder Judicial ha criticado la propuesta en un informe en el que recuerda que las tasas judiciales fueron erradicadas en 1986 “para que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia, cualquiera que fuera su situación económica” y afirma que ahora las sube “por exclusivos motivos de oportunidad política y económica”.


CANUTOS A 3.000 EUROS

Los cambios en la Ley de Seguridad Ciudadana anunciados por el ministro de Interior también suponen que el consumo o tenencia de sustancias estupefacientes en lugares públicos, infracción tipificada como grave ya en la Ley de Seguridad Ciudadana, pase a ser castigado con una multa que iría de los 3.000 a los 30.000 euros. La misma multa se aplicaría a las personas que hagan botellón, lo que hasta ahora se ha castigado a partir de ordenanzas municipales, y que también podría ser incluido como infracción grave en la ley orgánica. Fernández Díaz también ha anunciado que ampliará los plazos de prescripción de las infracciones, pero sin dar detalles.

 

 

Publicado en Diagonal: Atacando la protesta social por el bolsillo

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