Sortu está desde hoy en el Pleno del TC, que decidirá en días o en horas

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Dos meses después de que su presidente, Pascual Sala, anticipara una decisión «a la mayor brevedad posible», el Pleno del Tribunal Constitucional inicia hoy una sesión en la que la legalización o no de Sortu está definitivamente sobre la mesa. Lo lógico sería que esta misma semana -quizás incluso hoy- haya decisión definitiva sobre el partido de la izquierda abertzale. Se espera además que siga el criterio fijado con Bildu, que tuvo luz verde hace justo un año.

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Ya ha pasado un año desde que el Tribunal Supremo español vetara la inscripción de Sortu como partido legal, y por fin el Tribunal Constitucional se dispone a deliberar y decidir sobre el recurso. El futuro del nuevo partido de la izquierda abertzale se resolverá, por lo tanto, en días, o quizás incluso en horas.

Salvo sorpresa, lo lógico es que el Pleno del Tribunal Constitucional que se inicia hoy concluya esta semana. La mecánica habitual es que el máximo tribunal español vaya dando a conocer sus decisiones sobre los distintos asuntos estudiados en la medida en que se vayan desbloqueando.

El caso de Sortu se ha ido demorando meses y meses. Fuentes cercanas al Constitucional han dejado caer que no se consideraba urgente en la medida en que no había elecciones a la vista (tras la ruptura entre PP y PSOE, ahora sí parecen más cercanas las del Parlamento de Gasteiz). En estas filtraciones se da a entender que no hay dudas sobre el sentido de la decisión, dado que si se aplica el mismo criterio que usó el Constitucional con Bildu, Sortu también deberá ser aceptado como legal.

La decisión corresponde a once magistrados, los mismos que hace ahora un año corrigieron la decisión del Supremo sobre Bildu, aceptaron el recurso y le dieron luz verde. Fue por mínimo margen: seis frente a cinco.

«Compensación»

La Fiscalía reclama al Constitucional que se mantenga la decisión del Supremo sobre Sortu. Sin embargo, el PP marcó lo que sitúa como una línea roja en este terreno al rechazar la moción de UPyD para pedir la ilegalización de Amaiur y Bildu. El partido de Mariano Rajoy dio por bueno con ello el dictamen judicial sobre Bildu, y se entiende que ello aporta un cierto colchón político añadido para que el criterio del TC sobre Bildu se aplique también a Sortu.

Algunas declaraciones políticas han remarcado que decisiones judiciales recientes como la del propio Constitucional sobre la «doctrina Parot» -en marzo- o la del Supremo sobre el «caso Bateragune» -hace dos semanas- están ligadas también a la eventual legalización de Sortu. Según esta interpretación, los tribunales españoles habrían optado por dar una de cal y otra de arena buscando así una especie de equilibrio mal entendido.

El más explícito ha sido quizás el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, que situó el aval del TC al alargamiento de las condenas como «un mecanismo de compensación» en relación al caso de Sortu.

Rodolfo Ares, consejero de Interior de Lakua, apoyó ayer que Sortu sea legal porque ve «razonable normalizar lo que ya se da de facto». Citó que la izquierda abertzale ya está en las instituciones y da ruedas de prensa.

Currin subraya el consenso en Aiete sobre el diálogo con ETA

El abogado sudafricano Brian Currin, figura clave en la preparación y gestión de todo este proceso, ha criticado la actitud del PP en una entrevista a la revista estadounidense «Alliance». Sus afirmaciones han dejado un reguero añadido de polémica, dado que una agencia española ofreció una traducción en la que se afirmaba que Currin hablaba de un «entendimiento» entre los gobiernos de Madrid y París, entonces liderados por José Luis Rodríguez Zapatero y Nicolás Sarkozy, para dialogar con ETA si esta dejaba la lucha armada. Currin emitió una nota para aclarar que la palabra understanding no debe ser traducida como «acuerdo» sino como «convicción generalizada» de que si ETA dejaba la lucha armada eso daría paso a un proceso de conversaciones sobre las consecuencias del conflicto.

En cualquier caso, en la entrevista Brian Currin sí incide en que la llegada del PP ha cambiado la sintonía que existía sobre la hoja de ruta de Aiete, dado que el Gobierno español ha introducido la disolución de ETA como una exigencia previa. Al respecto, el facilitador sudafricano recuerda que los expertos internacionales que están trabajando en Euskal Herria rechazan esta consideración.

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