La Asamblea contra el Fracking avisa que en un mes comenzarán los sondeos sobre el proyecto Luena

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Miembros de la Asamblea contra el Fracking en Cantabria ofrecieron ayer una charla en el Ayuntamiento de Selaya para informar a los vecinos sobre el permiso de investigación ‘Luena’ que en diciembre de 2010 el Ministerio de Industria concedió a la empresa Repsol y que afecta a los valles del Besaya, Pas, Pisueña y Miera.
El colectivo explicó al cerca del centenar de vecinos que abarrotaron la sala, entre los que se encontraba el alcalde de Selaya, José Luis Cobo, en qué consiste la técnica de la fractura hidráulica para la obtención de gas, así como los riesgos que ello conlleva para el territorio y la actividad económica.
El permiso de investigación ‘Luena’ afecta a los municipios de Los Corrales de Buelna, San Felices de Buelna, Cieza, Arenas de Igüña, Anievas, Molledo, Bárcena de Pie de Concha, Pesquera, Luena, Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, Vega de Pas, Villacarriedo, Selaya, San Roque de Riomiera y San Pedro del Romeral así como a zonas de Burgos.
El colectivo informó del punto en el que se encuentra el proyecto de investigación, que fue publicado en el BOE el pasado mes de diciembre, «por lo que ya no cabe presentar un recurso administrativo en contra del mismo, ya que el periodo de alegaciones finalizó hace tiempo», explicó el portavoz, Nacho Modino.
Repsol dispone desde entonces de una licencia para investigar si hay gas durante los próximos seis años. «La empresa se encuentra ahora realizando un estudio sísmico de la perforación de un pozo durante los primeros tres años, es decir, en un año y medio, y un segundo pozo en los tres años siguientes, con una media de entre 1 y 3 plataformas de perforación por cada kilómetro cuadrado», explicó el portavoz. Se trata del proceso de investigación previo al proceso de explotación, «pero que conlleva los mismos peligros», aclaró.
La apertura de estos pozos provocará la contaminación del agua, del aire y la alteración del paisaje, entre otros destrozos naturales. «Cada plataforma ocupa entre una hectárea y media o dos de terreno y se emplean 200.000 toneladas de agua y 4.500 toneladas de productos químicos por cada plataforma», explicaron. Los miembros de la asamblea recordaron a los vecinos los problemas que conlleva esta práctica, «que además es rentable durante 15 años, aproximadamente, y luego se marchan y dejan el entorno contaminado y alterado».
«Dentro un mes aproximadamente empezaremos a ver camiones pasar», anunciaron. Los camiones realizarán estudios por todas las carreteras autonómicas y algunas pistas de montaña para averiguar en qué zonas se puede extraer gas y dónde se van a hacer los dos primeros pozos de investigación. El colectivo explicó además, los riesgos que esta práctica conlleva en la salud, ya que los productos químicos pueden afectar al cerebro y al sistema gastrointestinal.
El alcalde de Selaya calificó el proyecto de «auténtica barbaridad». Cobo mostró su rechazo a una práctica que considera «denigrante». «Estoy enfadado con los gobiernos porque si esto fuera una cosa buena, nos lo habrían comunicado cuando lo aprobaron y no fue así», explicó. «En la medida en que me toque, lucharé para que esto en nuestro municipio no se realice», concluyó.

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