En legítima defensa.

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Los Estados capitalistas en general se van despojando progresivamente de aquellas vestimentas que les venían dando una cierta legitimidad social. En el caso del Estado Español, asistimos a un proceso vertiginoso de desnudez absoluta.

El Estado monárquico postfransquista, nunca se ha caracterizado precisamente por sus cualidades democráticas o sociales. Fruto de un pacto entre la mayoría ”aperturista” del propio franquismo y la parte más ”claudicante” de la oposición a aquel Régimen, bajo la hegemonía de los primeros, tuvo desde su nacimiento un conjunto de taras que difícilmente le homologan a otros Estados parlamentarios de nuestro entorno.

 

La superviviencia integra de todo el aparato represivo de la dictadura: ejército; policía y Guardia Civil, incluyendo sus secciones especializadas en la represión política; administración de justicia …


La ausencia de un proceso constituyente en su auténtico significado, durante la transición.


La imposibilidad de optar por la forma de Estado, República o Monarquía, imponiendose esta última al conjunto social.


Esto son algunos de los ejemplos que confirman, sin lugar a dudas, los gravísimos déficits democráticos del Régimen monárquico, configurado en el llamado proceso de transición.


Pero si ésto es así desde sus inicios, la evolución-involución de los últimos tiempos, hace que desaparezcan totalmente aquellas cuestiones que pretendían darle al Régimen español una cierta apariencia democrática.

 

La ofensiva represiva, incluyendo las propuestas de reformas en el Código Penal, que nos devuelven entre otros el antiguo delito de “propaganda ilegal”, ahora a través de internet, o la “resistencia pasiva” como delito de atentado .

 

El dato más que relevante de que éste es el Estado con mayor número de policías por habitante de Europa, en el que se dan con mayor frecuencia casos de brutalidad policial incluyendo torturas, lesiones y muertes.

 

De que éste es el Estado con el mayor número de oficinas bancarias por habitante del mundo, con un total de 44.651, cuando Alemania, por ejemplo, con el doble de población tiene sólo 41.636 o Japón 40.200. Con unos niveles de corrupción difícilmente superables, con una economía criminal que se calcula representa el 25% del PIB.

 

Si a todo lo señalado sumamos el desmantelamiento acelerado de los limitados servicios públicos existentes, especialmente sanidad y educación, sólo podemos llegar a una conclusión, estamos frente a un Estado dirigido contra el Pueblo. Y además cada día mas reafirmado en esa función.

Y si esa es la conclusión, que estamos ante un Regimen organizado para explotar al Pueblo Trabajador y reprimirlo cuando este moviliza contra esa explotación, sólo puede haber una conclusión consiguiente, el derecho a la legítima defensa.

 

Diríamos más, no sólo el derecho, sino la obligación de la legítima defensa.

 

Y ello por todos los medios de organización y de lucha, con dos únicas condiciones, la primera que sean sostenibles por el propio movimiento popular, la segunda que sirvan para el avance precisamente de ese movimiento popular.

 

De éste Régimen ya no se puede esperar más que sufrimiento y represión para el Pueblo. Su sustitución es necesaria y perfectamente posible.

 

El proceso socio-político que llevó a la derrota de la monarquía borbónica en 1931 y a la proclamación de la II República, debe de ser analizado en profundidad en lo que tuvo de positivo y de negativo, para aprender de él y poder conducir el actual proceso de cambio, en el que ya hemos entrado, a una victoria irreversible del movimiento popular.

 

Castilla a 14 de abril d 2012.

Comuner@s del Siglo XXI

 

 

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