El forense Francisco Etxeberria notificó ayer a los juzgados de Soria el hallazgo en una fosa en Montenegro de Cameros de cráneos con orificios de bala correspondientes a nueve fusilados en septiembre de 1936. Los familiares esperan ahora la visita del juez. Un auto del Tribunal Supremo del pasado 28 de marzo establece que la competencia sobre las fosas del franquismo es de los tribunales territoriales.
Los restos corresponden a nueve hombres de entre 21 y 51 años. Entre las víctimas está el abuelo de Vicente Lázaro Ruiz, Toribio Ruiz, campesino afiliado a la UGT. “Lo mataron el 26 de septiembre de 1936. Tenía ocho hijos. El noveno nació dos meses después de su fusilamiento. Los asesinos habían preparado una fosa, pero no llegaron al sitio y a mitad de camino, en una curva, los mataron y los dejaron allí. Se dice que habían bebido mucho. Fueron vecinos del pueblo los que los enterraron en una fosa en el cementerio”, explica.
El alcalde del municipio notificó en marzo del año pasado a los juzgados de Soria la intención de los familiares de recuperar los restos, para lo que contaban con una subvención de 26.300 euros. El 5 de abril de 2011 el juzgado acordó el “sobreseimiento” de la causa alegando que para eso ya estaba la Ley de Memoria Histórica. Pero el auto del Supremo del pasado marzo establece que los jueces territoriales deben acudir a las fosas. De momento, no lo han hecho. El juez de Villarcayo (Burgos), al que familiares de otros 13 fusilados en Espinosa de los Monteros notificaron la exhumación realizada la semana pasada, tampoco acudió. Trashacer pública este diario su ausencia, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León alegó que en su escrito los familiares no había especificado que requirieran auxilio judicial, y que en cualquier caso, se ponían “a su disposición”.
El grupo de hombres que los falangistas llevaban aquella noche a matar era en realidad de diez, pero uno logró escapar, aunque su hermano murió en aquella cuneta. “Solo vivió cuatro días más. El 30 de septiembre lo cogieron y lo fusilaron con otro hombre en un pueblo de La Rioja”, cuenta Vicente.
José Antonio Martín Pallín, magistrado retirado del Supremo, asegura: “Ante casos de muertes violentas, los jueces deben personarse en el lugar, tratar de datar las muertes e identificar los restos y a los posibles culpables. Es lo que dice la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo contrario es, sencillamente, prevaricar y burlarse de las víctimas. Tampoco cabe decir que son hechos amnistiados para no acudir, porque no se puede aplicar la ley de amnistía cuando no hay una causa penal abierta; ni argumentar, como el Tribunal Superior de Castilla y León, que los familiares no requirieron su presencia. Es como decir que no van a ver el cadáver de un narco asesinado porque la otra banda no lo ha denunciado”.
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Publicado en El País: Las familias de otros nueve fusilados en Soria esperan al juez