Corrupción en la AP6

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Acampada Salamanca y Acampada Ávila se solidarizan con las irregularidades ocurridas con el peaje de la AP6. Acusamos a Fomento de engañar a los ciudadanos sin responsabilizar a nadie de la concesión irregular y el desvío del dinero público

 

Tras el anuncio en el BOE de las medidas previstas para cumplir la sentencia del TJUE sobre la ilegalidad del peaje no podemos de dejar de mostrar nuestra indignación con la pantomima que supone el “desenlace”. No se reconocen responsabilidades de ningún tipo, ni de los políticos que adjudicaron irregularmente las obras, ni de IBERPISTAS que se benefició del dinero público, realizando un túnel inútil y de costes multimillonarios. Y no sólo no se reconocen los errores arbitrarios sino que encima se premian.

 

La adjudicación ilegal de obras públicas millonarias e ineficientes con el dinero de los ciudadanos sigue sin penalizarse y se vende desde Fomento como un acatamiento de la sentencia cuando, en realidad, no se acata ni el punto más elemental: la nulidad del contrato.

 

El Gobierno de Aznar en 1999 acordó según el TJUE, la adjudicación irregular de las obras de la AP-51, la AP-61 y el túnel reversible de Guadarrama, con la consiguiente ampliación del peaje existente hasta 2018 hasta 2036, para compensar los costes de la obra a la empresa IBERPISTAS. 

 

El Ministerio de Fomento ha retorcido de forma vergonzante la concreta medida de cumplimiento con el regocijo de IBERPISTAS, los siempre beneficiados, a costa de los ciudadanos. No hay nada nuevo en contra de los intereses de los beneficiados por los hechos de corrupción ni se produce ninguna mejora para los ciudadanos respecto la situación actual.

 

El Decreto establece que en Noviembre de 2019, y en función del tráfico real del túnel y las autopistas desde 1999, el Ministerio decidirá si la concesión se prolonga hasta 2031 o hasta 2036. Dada la crisis en la que nos encontramos no nos cabe duda de la prolongación hasta 2036 de la actual concesión irregular a IBERPISTAS. Una vez realizada esta operación entonces reducirán la concesión en 7 años, es decir hasta 2029. Y se compensará económicamente a IBERPISTAS, por este hecho y sin indicar la cuantía concreta de millones de euros del erario público que se destinaran a esta “indemnización”. En esa fecha se volverá a licitar, esta vez supuestamente de forma transparente y competitiva, por esos 7 años y con las mismas condiciones que venían imponiéndose a los ciudadanos. Una autopista de peaje.

 

Los ciudadanos seguiremos pagando el peaje hasta 2036, y más allá, y encima IBERPISTAS se llevará una suculenta indemnización, de ahí su alegría por estas medidas del Gobierno que afirman ser “equilibradas”.

 

Nosotros creemos que es una tomadura de pelo en la cual los únicos perjudicados no son los ciudadanos de Ávila y Segovia sino todos los habitantes del noroeste peninsular y de toda la nación pues en los últimos dos años se han destinado más de 1.200 millones de euros en ayudas al lobby de las concesionarias de autopistas para compensar sus supuestas perdidas. La corrupción es demasiada barata en España, la cual incluso una vez declarada por los tribunales aún es más rentable todavía.

 

Por ello seguimos exigiendo lo que es de justicia y sentido común:

 

1. La liberación del peaje de la AP-6 a partir de 2018. Esto permitiría la reducción de los costos de transporte de empresas y particulares. El contrato es nulo y por tanto todas las consecuencias del mismo deben desaparecer, la concesión y el peaje.

 

2. Al considerarse el contrato nulo también se debe eliminar los peajes de la AP-51 y AP-61, estos de forma inmediata, pues son parte indivisible del mismo contrato aunque Fomento lo haya pasado por alto de forma totalmente capciosa.

 

 

3. Y la asunción de responsabilidad civil y penal por los implicados. Todos los implicados deben ser investigados por corrupción y en todo caso sancionados económicamente por la aprobación de una concesión irregular a favor de una empresa monopolista, empezando por todos los ministros de Fomento. Es impensable que la firma de un contrato público irregular no sea castigado con la más severa pena, en especial cuando está en juego la gestión de las arcas públicas y el desarrollo económico de la región.

 

Asamblea 15M GT…Peaje-ilegal

 

Publicado por AcampadosSalamanca

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