El fiscal exculpa a la infanta aunque admite que pudo beneficiarse de «irregularidades»

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Anticorrupción cree que no hay indicios de que Cristina de Borbón cometiera delito alguno porque no sabía de los negocios «presuntamente ilícitos» de su marido. No obstante, el fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, deja abierta la posibilidad de que la infanta sí que pudiera haberse beneficiado de las presuntas «irregularidades administrativas» que cometió Iñaki Urdangarin al cargar a las cuentas de la empresa de la que son propietarios ambos, Aizoon, «gastos personales de los cónyuges». Una falta frente a Hacienda que, según admite Anticorrupción, nunca sería un «ilícito penal» en el caso de la hija del rey.
El pasado martes, apenas día y medio después de que Urdangarin concluyera su maratoniano interrogatorio de 22 horas ante el juez José Castro, Horach se apresuró a presentar un escrito al instructor en el que pidió que se desestime la petición del seudosindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, de que la infanta sea citada a declarar en condición de imputada. Sostiene en su reclamación que la duquesa de Palma debe ser acusada de «encubrimiento, complicidad o cooperación necesaria» en las actividades de su marido ya que fue «beneficiaria directa» del incremento patrimonial y de los ingresos obtenidos de forma supuestamente fraudulenta por su marido. La semana próxima está previsto que Castro decida si imputa a la infanta tras oír a las diferentes partes. Ayer la Abogacía del Gobierno balear, acusación particular, también rechazó la citación.
Horach ante todo aclara que Cristina de Borbón no puede responder penalmente de los supuestos delitos de su esposo porque la responsabilidad penal es personal y porque en España ya ha pasado el tiempo en que se respondía por los actos del cónyuge. Luego aborda en su informe exculpatorio la doble condición de la infanta en este caso, es copropietaria al 50 % de la inmobiliaria que supuestamente se usó para desviar al bolsillo de Urdangarin centenares de miles de euros de dinero público que llegaban al Instituto Nóos, y fue además vocal entre septiembre de 2003 y marzo de 2006 de esa entidad.
Sobre Aizoon, concluye la Fiscalía, la infanta «no ostenta ningún cargo ejecutivo por lo que su vinculación es únicamente a nivel societario». El ministerio público dice que la «gestión y administración» de esta sociedad está exclusivamente «en manos de su cónyuge».
La investigación tiene acreditado que a esa inmobiliaria se cargaron todo tipo de facturas de la pareja ajenas a la actividad (casi inexistente) de la empresa para supuestamente defraudar a Hacienda, incluso facturas a cargo de la propia infanta Cristina que recibía cada semana entre 600 y 700 euros como si fuese un proveedor más. Contra las cuentas de Aizoon se imputó todo lo imaginable: gastos de los móviles de la familia, alquileres de coches por 48.000 euros, comidas en restaurantes de lujo, un catering de comida japonesa de 5.000 euros, el gasto del gas de sus viviendas, reformas en el palacete de Pedralbes, compras de partidas de vino por valor de 6.500 euros, flores, entradas de espectáculos, mudanzas, alquileres de carpas, más de 6.000 euros en hoteles, 2.114 euros de vuelos particulares, repuestos para una moto, una vajilla de 1.741 euros, e incluso, compras personales de la infanta.
«El presunto hecho -señala la Fiscalía- de que gastos personales de los cónyuges hayan sido imputados como costes de Aizoon SL no es constitutivo de ilícito penal, pudiendo ser considerado, en todo caso, como mera irregularidad administrativa», de la que pudiera, eso sí, haberse beneficiado la hija del rey, lo que en ningún caso sería suficiente para su imputación en un proceso penal.
No participaba
En cuanto a Nóos, el Ministerio Público, que desde el principio no ha visto indicios contra la infanta, insiste en que «la investigación judicial ha puesto de manifiesto que la toma de decisiones en el instituto se realizaba a nivel de un comité de dirección del que estaba excluida doña Cristina de Borbón». Además, recuerda, «la Junta Rectora de la asociación, de la que es vocal la infanta, no se reunió para aprobar las líneas de actuación de dicha entidad».
Por ello, concluye el fiscal, «no consta ningún indicio incriminatorio que vincule a la infanta con la actividad presuntamente ilícita desplegada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres» ni en el instituto ni en la consultoría que llevaba el mismo nombre y que era propiedad de los dos socios. Tampoco hay ninguna prueba de que Cristina tuviera papel alguno «al efecto de conseguir contratos públicos» ni que estuviera al tanto de «dicha actividad». Y aunque lo supiera, explica el informe, tampoco sería un delito si no se prueba que haya participado activamente en la comisión del ilícito.

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