“¿Está usted de acuerdo con que el Canal de Isabel II siga siendo 100% público?”

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Serán 270 las mesas electorales que los ciudadanos de Madrid encontrarán en distintos puntos de la capital este domingo 4 de marzo para poder dar su opinión sobre la entrada de capital privado en el Canal de Isabel II. La iniciativa ha sido presentada por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, de la que forman parte varios colectivos y asociaciones de vecinos de la región, que organizará una consulta ciudadana en la que se preguntará a los madrileños si están de acuerdo con que el Canal de Isabel siga siendo 100% público.

Además de grupos como Izuqierda Unida, Equo o Comusiones Obreras, la Plataforma cuenta con el apoyo de las asambleas de barrios y pueblos del 15M en la Comunidad, que están ayudando en la difusión de la “campaña de concienciación” de la población, ya visible en las pancartas explicativas presentes en plazas y calles de la región.

La decisión de privatizar el 49% del Canal de Isabel fue tomada por el Gobierno del Partido Popular, en septiembre de 2008, y el Ejecutivo de Esperanza Aguirre aprobó la medida en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, “hurtando a la ciudadanía la información, primero, y el debate, después”, según señala la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM). “La privatización del 49% del canal constituye, no solo un expolio del patrimonio público, sino un atentado en toda regla de un derecho humano fundamental: el acceso un bien natural: el agua”, añaden desde la FRAVM.

Los Ayuntamientos de San Fernando de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Coslada, Getafe, Leganés, Fuenlabrada y Colmenarejo presentaron el pasado mes de diciembre una Iniciativa Legislativa Municipal. Sin embargo, se encuentra “bloqueada” y “sin tramitación para su debate” en la Asamblea regional, según señalaba Enrique Ortega, miembro de la Plataforma, en la rueda de prensa de presentación de la consulta. Los Consistorios alegaron que en el convenio con la empresa privada que se ocuparía de la gestión del agua se introducirían cláusulas “abusivas” que favorecerían a los grandes municipios en detrimiento de los pequeños.

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