La UE, cómplice del expolio agrario del Sáhara Occidental

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El Acuerdo de Libre Comercio sobre frutas y hortalizas de la Unión Europea con Marruecos, que será llevado a votación al Parlamento Europeo a mediados de febrero, incluye a los territorios ocupados a pesar de que un documento de la ONU de 2002 establece que “toda actividad económica en los territorios del Sáhara Occidental que no responda a los deseos e intereses de los saharauis sería una violación de la Ley internacional”.

Por esta razón los tratados de libre comercio que, EE UU o la EFTA (Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein) firmaron con Marruecos, expresamente excluyen al Sáhara Occidental. Éste es el mismo principio que rige la política comunitaria con los territorios ocupados de Palestina. El acuerdo prevé un aumento en las concesiones de hortalizas marroquíes, que ya constituyen el 80% de las importaciones de la UE (según datos del Parlamento Europeo). Lejos de repercutir en el pueblo saharaui, el principal beneficiario de este acuerdo comercial es el propio rey de Marruecos.

La fortuna del Mohamed VI

Según informan el periódico británico The Telegraph y el francés Tel Quel, el rey de Marruecos Mohamed VI controla ya todos los sectores de su país:inmobiliario, minero, industrial, agropecuario, turístico, las telecomunicaciones y el sector financiero. En 2002, la revista Forbes estimaba en 573 millones de euros la fortuna de la familia real. En 2009 ya se cifraba en 1.757 millones. Según El Economista, en 2010, en plena crisis, sus empresas triplicaron beneficios. El monarca tiene en propiedad al menos 12.000 hectáreas en las zonas más fértiles, gestionadas a través del grupo Siger. Este holding es a su vez propietario de Dominios Agrícolas, que junto con Soprofel y Azura son las tres empresas que más se han beneficiado de los acuerdos comerciales con la UE, según el informe presentado por el europarlamentario francés, José Bové, ligado al movimiento alterglobalización.

Informe sobre el expolio

El 26 enero, Bové presentó el informe sobre el expolio de los recursos saharauis en el Parlamento Europeo. El documento argumenta que la mayor parte de la producción agraria para la exportación se lleva a cabo en los territorios saharauis ocupados a través de una de las empresas de Mohamed VI. El documento de Bové fue rechazado pese a que en julio la propia Comisión de Agricultura recomendó no firmar el tratado con Marruecos.

En dicho informe, se toma en consideración los hechos de la Primavera Árabe y se observa “que los acuerdos de liberalización establecidos hasta la fecha no han logrado los objetivos planteados” (establecer una zona de paz, seguridad y prosperidad) y se pregunta “por la pertinencia de seguir una política que favorece los intereses económicos de actores influyentes sin evaluar el impacto social en las poblaciones afectadas y los daños ambientales causados”.

La falta de derechos sindicales en Marruecos o el trabajo infantil son señalados como obstáculos para la firma. Así como las consecuencias medioambientales, entre las que destaca el despilfarro de agua. Para producir un tomate en Marruecos se necesitan cien litros de agua, frente a los diez de Francia. En el Sáhara Occidental, la extracción de agua de los acuíferos costeros está poniendo en peligro el abastecimiento de la población. Bové señala también incumplimientos del sistema de pagos en las aduanas.

Como explica a DIAGONAL Andrés Góngora, del sindicato agrario COAG: “Por ejemplo, un camión puede llevar 26 toneladas de tomates y declarar 20. Así dejan de pagar aranceles aduaneros al Estado español. Cuando las inspecciones se ponen serias, ingresan la mercancía por puertos de otro país”. Bové visita Madrid el 7 de febrero invitado por COAG, organización que llevará a cabo movilizaciones contra el acuerdo agrario con Marruecos.

Sin embargo, el 14 de diciembre, los 27 rechazaron prorrogar el acuerdo pesquero con Marruecos. La decisión del Parlamento Europeo se basó en el uso de las aguas territoriales del Sahara Occidental, sobre las cuales Marruecos no tiene jurisdicción según la ONU. Pero hubo otras razones de mayor peso. “Asistimos a un enfrentamiento interinstitucional”, declara a DIAGONAL Willy Meyer, eurodiputado de IU y activista en defensa del pueblo saharaui. Ese día muchos europarlamentarios se sintieron ninguneados por la Comisión Europea, que sometió a votación la prórroga por un año en vez de renegociar el acuerdo de forma que las comisiones tuvieran voz y voto.

El acuerdo pesquero no se firmó por incumplir el artículo 2 que obliga a Marruecos a dar pruebas de que la población saharaui se beneficia.Dinamarca, que ejerce la presidencia de turno de la UE, ha advertido a través de su ministra de Agricultura y Pesca que la firma del nuevo tratado de pesca será “un largo proceso que tomará su tiempo”. Porque “el nuevo acuerdo pesquero abordará cuestiones tanto de derechos humanos como de sostenibilidad”. En 2010, un escándalo costó el puesto al presidente de la patronal noruega y provocó la caída del ministro de Economía Sigbjørn Johnsen, cuando se comprobó la importación de mercancías procedentes del Sáhara Occidental etiquetadas como marroquíes.

60.000 EUROS DE MULTA POR DENUNCIAR EL EXPOLIO

El pasado 5 de octubre, en Tenerife, activistas de la organización SaharAcciones protagonizaron un acto contra las importaciones de arena del Sáhara Occidental a Canarias. Se lanzaron al agua rodeando un carguero que traía arena y en el que colocaron una pancarta con el lema: “Stop al robo de arena saharaui”.

Según denuncia Julio Quílez, del observatorio de los recursos naturales del Sahara Occidental (WSRW, por sus siglas en inglés), “gran parte de las más de 500.000 toneladas de arena que exportaba anualmente Marruecos a España antes de la crisis de la construcción procedía del Sáhara Occidental”. WSRW ha pedido entrevistarse con las autoridades portuarias para aclarar el secretismo que envuelve las llegadas de los barcos con arena de la compañía Arabella Shipping. También han solicitado entrevistarse con el Gobierno canario, que no reconoce el origen de la arena, “quizás porque sabe que es una violación de los acuerdos de la ONU”.

El 4 de enero los activistas canarios fueron informados de que se enfrentan a multas de 60.000 euros. SaharAcciones va recurrir y pide ayuda legal y económica para afrontar las sanciones. De todas formas: “Gracias a las multas, la acción está teniendo mucha repercusión”, bromea Quílez. El 21 de enero se hicieron protestas contra esas medidas en ocho ciudades del Estado español.

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