Garzón y la democracia, “atada y bien atada”

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Son muchas las razones que deberían incitarnos a la prudencia antes de sumarnos a la actual movilización en defensa del juez “estrella” de la Audiencia Nacional. Un artículo de opinión del veterano militante anarquista Octavio Alberola.

Como bien señalan Rafael Cid (“Más allá de Garzón (y su entorno)”) y Carlos Taibo (“Garzón : ¿un héroe antifascista ?”), son muchas las razones que deberían incitarnos a la prudencia antes de sumarnos a la actual movilización en defensa del juez “estrella” de la Audiencia Nacional.

Y, entre ellas, la que me parece justificar aún más nuestra prudencia es la que, tanto a Cid como Taibo, les preocupa más : la posibilidad de que se trate de una operación jurídico-mediática montada para que la opinión olvide la responsabilidad del Gobierno socialista y de la clase política en su cobarde y vergonzoso renunciamiento a anular las sentencias franquistas.

Cid : “Desde luego es difícil creer que estas acciones de repulsa, que socaban la credibilidad de un puntal del Estado de Derecho como es el Tribunal Supremo, no respondan en segunda instancia a una planificación política. Cualquier agit-pro en la sociedad de la información y de la imagen tiene delante o detrás una agenda oculta y un think tank. Y en el caso que nos ocupa, el retorno de los brujos de la prospectiva lectoral, el marketing político y los sondeos de opinión buscan, en mayor o menor medida, fidelizar a la opinión publicada.”

Taibo ; “Aunque los protagonistas bien intencionados de la solidaridad con Garzón parezcan ignorarlo, es muy grave que el debate sobre la memoria histórica haya quedado engullido por una discusión relativa a si un juez prevaricó o no. Lo diré de otra forma : ya no se discute, hablando en propiedad, sobre la memoria y sí sobre Garzón. Pese a que las explicaciones conspiratorias me han gustado siempre poco, no me resisto a sugerir que algo hay, en la trastienda, de inteligentísima y ocultatoria operación.”
No obstante, pienso en que Cid tiene razón al incitarnos, al final de su artículo (“Con Garzón o sin él”), a aprovechar la ocasión (“Galgos o podencos, la ocasión la pintan calva”) para desmontar “la falacia de la modélica transición” e intentar derogar “las sentencias del franquismo”. Pues, se piense lo que se piense de este juez y del enorme cúmulo de intrigas que rodean sus actuaciones, es obligado reconocer que ha sido su peculiar forma de abrir y cerrar la investigación de este caso la que ha puesto públicamente en evidencia la pervivencia del franquismo judicial y ha reactualizado el debate público sobre lo que quedó a medio hacer, o se hizo mal, en la “transición” de la Dictadura a la Democracia.

Efectivamente, es indiscutible que han sido el protagonismo de Garzón y su “impericia procesal” las que han llevado a la derecha franquista ha quitarse la careta y a recomenzar la “guerra civil” en la dehesa judicial con la intención de impedir cualquier tentativa de cambiar el ordenamiento jurídico que les protege y les exime de toda responsabilidad en los crímenes del franquismo. Un ordenamiento que, según pretenden, quedó blindado con la Ley de amnistía de 1977 y que ha servido al juez Varela para encausar a Garzón, aun a riesgo de escandalizar a amplios sectores de la opinión pública, nacional e internacional, y de provocar las reacciones de los colectivos memorialistas y las movilizaciones de estos últimos días. Movilizaciones en las que, por primera vez, participan también sindicatos, políticos e intelectuales y artistas de la izquierda “progresista” para impedir que la ultra derecha consiga sentar en el banquillo de los acusados a Garzón. Reacciones y movilizaciones tardías, pues han pasado treinta y cinco años desde la muerte de Franco, y, al fijarse como objetivo exclusivo la defensa de Garzón, más bien parecen ser instrumentalizadas o por lo menos recuperadas por el Gobierno y el PSOE para engullir el debate sobre la memoria histórica y la rehabilitación judicial de las víctimas del franquismo en “una discusión relativa a si un juez prevaricó o no”.

No olvidemos el por qué nos encontramos en una tal situación…
Pese a lo tardías de esta reacciones y movilizaciones, no creo que sea el momento de lamentarlo, aunque otro gallo nos cantaría si se hubieran producido antes : tras comenzar la andadura de la Democracia parida por los pactos de la “Transición” o cuando algunas víctimas de la represión franquista comenzaron a pedir justicia… Desgraciadamente no fue así y los años no pasaron en balde (sobre todo para los familiares mayores de las víctimas de la represión franquista) y ahora quizás sea ya tarde para reparar esa injusticia… Por ello es necesario recordar cómo comenzó el proceso de recuperación de la “memoria histórica” y la ausencia de reacciones y movilizaciones (sindicales, políticas y culturales) cuando la viuda del comunista Julián Grimau presentó en 1989 en el Tribunal Supremo un recurso de revisión contra la sentencia del Consejo de Guerra que en 1963 condenó a muerte a su marido. Y eso que también entonces el Gobierno era socialista. O cuando en 1998 los familiares de los jóvenes anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado, también condenados y ejecutados en 1963, recurrieron ante el Supremo para pedir la revisión de la sentencia “por existir un elemento nuevo”…

No, no se debe olvidar lo que costó sensibilizar a los partidos políticos sobre esta materia pendiente de la “Transición” y conseguir que algunos de ellos comenzaran -¡por fin a partir del año 2000 !- a comprometerse y apoyar el recurso de revisión del caso Granado-Delgado y los que otras familias (de Puig Antich, de Peiro, etc.) habían presentado en el Supremo. Como tampoco se debe olvidar que no fue hasta entonces que comenzaron a surgir y actuar las Asociaciones para la recuperación de la “memoria histórica”… Ni que, pese a ello, aún en 2003 estuviéramos solos (los libertarios) en una concentración pública en la Puerta del Sol de Madrid para exigir al Tribunal Constitucional que anulara las sentencias franquistas, sin que se sumaran al acto los manifestantes por la República que en ese mismo momento recorrían calles cercanas.
Es necesario no olvidarlo porque eso permite comprender el por qué no fue hasta finales de 2007 que se aprobó la cobarde e infame Ley de “Memoria Histórica” y aún en 2010 no se ha conseguido poner fin al deshonor de una Democracia que sigue validando las sentencias pronunciadas por la dictadura franquista. Una Dictadura surgida de un golpe de Estado que el Congreso de los Diputados condenó por fin el 20 de noviembre de 2002 ; pero sin efecto, puesto que en abril de 2010 aún debemos movilizarnos para que un juez no sea sentado en el banquillo de los acusados por haber abierto y cerrado una causa para investigar desapariciones forzadas durante el franquismo.
Una reacción tardía pero necesaria…

Pues bien, aunque la reacción que se está produciendo sea tardía, yo también creo como Cid que ella es necesaria y que debemos apoyarla. Y ello porque, a pesar de los fortísimos intereses políticos y hasta personales que están en juego en el enjuiciamiento del juez de la Audiencia Nacional, no debemos permitir que la derecha se salga con la suya. Pero, sobre todo, porque la reacción unitaria en contra de este enjuiciamiento puede servir para abrir un nuevo frente en la lucha por la recuperación de la memoria histórica y la rehabilitación de las víctimas de la represión franquista. Decimos “puede servir” porque ello dependerá del objetivo que se fije a las actuales movilizaciones ; pues sería un error que éste sólo fuese la defensa de Garzón y que no se aprovechen las movilizaciones para exigir la anulación de las sentencias franquistas. Para exigirlo a quienes tienen la responsabilidad y potestad políticas, además del deber moral de hacerlo, pues son los grupos parlamentarios los que constitucionalmente “representan la soberanía de la nación”. Y al decir grupos parlamentarios nos referimos a los Partidos, que son los que marcan la pauta del poder legislativo, el único facultado para anular y aprobar leyes.

No olvidemos que es gracias a esa cobarde e infame Ley de “Memoria Histórica”, aprobada por esos Partidos y sus Grupos parlamentarios, que la Justicia española puede seguir escamoteando el pronunciarse clara y definitivamente por la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales franquistas. Ese “oprobio” que, según declaró recientemente la nieta del poeta Miguel Hernández, “aún pesa como una losa” sobre las víctimas de la represión franquista. Aunque también debemos reconocer que, si esto es así, lo es por no haber sido capaces de unirnos antes para hacerlo desaparecer. No volvamos pues a la desunión y movilicémonos todos en la misma dirección…
Allá cada uno con su conciencia y esperemos que algunos no vengan ahora sólo para la foto o para hacer olvidar pasados dudosos. Es la hora de sumar, de unirnos para aprovechar esta ocasión y dar un paso definitivo hacia la completa rehabilitación moral, política y judicial de las víctimas de la represión franquista. Pero no nos equivoquemos otra vez de objetivo. No son los jueces los que tienen la posibilidad de hacerlo. Ellos sólo interpretan y aplican leyes. Son los políticos los que tienen la potestad y la obligación de promulgar leyes menos abyectas que las actuales (la de amnistía de 1977 y la de “Memoria Histórica” de 2007) para ser consecuentes con su pretendida profesión de fe democrática y hacer desaparecer ese vergonzoso baldón que “aún pesa como una losa” sobre la Democracia española. Ahora bien, no olvidemos que los políticos no lo harán si no se lo exigimos, si no los obligamos a hacerlo. Nuestro deber es pues, terminado el episodio Garzón, seguir unidos y movilizados para exigir se ponga fin a esa escandalosa injusticia histórica de la que aún son víctimas los que lucharon y padecieron la represión por defender las libertades que hoy se proclaman como constitucionales.

Octavio Alberola

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