27 de septiembre

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Publicado en el Gara |

Antxon Gomez y Txarli Gonzalez | 

 

La biografía de los dictadores que se sienten impunes mantiene una coherencia que, como en el caso de Francisco Franco, estuvo marcada por el crimen y el genocidio.

 

 

 

Declaró que él respondería solamente ante Dios y la historia y, mientras muchos siguen rezando por el alma de aquel criminal, otros queremos insistir en la verdadera historia de un régimen que hizo de la muerte su única seña de identidad y que Juan Carlos de Borbón hizo suyo al jurar sus cargos, reafirmando, con emoción contenida, el origen del poder que recibía en herencia, aquella erigida sobre la legitimidad del 18 de Julio de 1936 y la «necesidad» de los sufrimientos que provocó.

Los últimos análisis sobre el número de represaliados por el régimen franquista durante los años 1936-1950, contabilizan más de 150.000 asesinados en el conjunto del Estado, ejecutados mediante procesos extrajudiciales o mediante Consejos de Guerra sumarísimos a partir de 1939. La única diferencia entre ambos métodos, es que con este último los criminales dejan constancia documental de sus crímenes. De esta manera fueron asesinados: Isaac Puente (1936), José Plazer (1937), Estepan Urkiaga (1937), Nicolás de Gerendiain (1937), Julián Zugazagoitia (1940), Jesús Larrañaga (1942), Julián Grimau (1963)… sucediéndose los asesinatos en los controles, manifestaciones y emboscadas (entre 1960 y 1975 fueron asesinados 86 ciudadanos vascos). La dictadura siguió utilizando los consejos de guerra sumarísimos como medio de legitimación de la represión y como medio para mostrar su fortaleza, ante la disidencia política.

El primer año de la convulsa década de los 70, el régimen organizó un «macroproceso» militar contra la resistencia vasca, el llamado Proceso de Burgos, en el que se emitieron nueve sentencias de muerte y quinientos diecinueve años de cárcel. La activación del movimiento obrero en el interior y la ola de solidaridad internacional en favor de los encausados hizo que las penas de muerte fueran conmutadas. Sin embargo, el régimen asesinó en 1974 a Salvador Puig Antich mediante garrote vil. En septiembre de 1975 organizaron un nuevo consejo de guerra (el cuarto desde 1963), sentenciando a muerte a un total de 11 ciudadanos. El Consejo de Ministros del viernes 26 de septiembre indulta a seis de ellos y se les deniega a otros cinco. Al alba del día 27 de septiembre de 1975, fueron asesinados Juan Paredes Txiki, de 22 años; Anjel Otaegi, de 33; Ramón García-Sanz, de 27 años; José Luís Sánchez-Bravo, de 21, y José Humberto Baena, de 24 años. Días antes, las fuerzas antifascistas de Euskadi convocan jornadas de lucha para el 11 y 12 de septiembre.

Apartir del 27 de septiembre se producirán numerosos actos de denuncia contra la dictadura franquista, algunos con especial virulencia, incluido el asalto a embajadas o la petición del presidente de la República de México, Luis Etxeberria Álvarez al Secretario General de la ONU para expulsar al Estado español. El 30 de septiembre Carlos Arias Navarro, presidente del Gobierno, se dirige por televisión al «pueblo español» para señalar que «para responder a las acciones terroristas disponemos del repertorio de medios propio de un moderno Estado de derecho, empezando por el abnegado e inapreciable valor de las fuerzas del orden público que tantas vidas viene sacrificando en estos últimos tiempos» («La Voz de España», 1/10/1975). El mismo día una Junta de Afirmación Nacional convocaba una concentración en la Plaza de Oriente bajo el lema «Todos a una con España», anunciándose la intervención del dictador arropado por Juan Carlos de Borbón y su esposa Sofía de Grecia.

La reacción internacional adquirió una gran dimensión social, y coadyuvó a profundizar en la grave crisis interna que venía sufriendo el régimen franquista que estaba siendo cuestionada por las movilizaciones obreras y golpeada fuertemente en sus estructuras con acciones armadas como la que se materializó en contra del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973. Todo ello consolidó una conciencia sociopolítica, sobre la cercanía del final del régimen franquista y la posibilidad real de provocar un cambio político hacia un sistema de libertades democráticas.

Transcurridos 36 años de aquellos acontecimientos, una parte de la clase política y la judicatura española continúa negando la condición política de los asesinados al alba del 27 septiembre de 1975. Escribe el profesor Alfons Aragoneses (2009) que durante la transición «no hubo ninguna depuración tras la disolución del TOP, sus integrantes se reintegraron sin más en otros tribunales ordinarios». Igual sucedió con el personal judicial del Tribunal Supremo. Una «transición», según el profesor Viçens Navarro, «inmodélica», en la medida en que todo el bloque de poder económico pasó incólume a la nueva fase histórica en la que siguió ostentando y ejerciendo el poder, de todo ello se deriva el deficiente desarrollo del Estado del bienestar español. Leyes como la Ley de Memoria Histórica de 2007, la Ley de Víctimas de 2011 o los posicionamientos en contra de la anulación de sentencias de los consejos de guerra franquistas, manifestados en el Parlamento español, la más reciente aún sobre la negativa a anular las leyes de punto final, impiden enjuiciar a los criminales franquistas y no son otra cosa que la manifestación de esta realidad jurídico-política que pone en evidencia una realidad contrastada: la continuidad de las estructuras de poder, ideología y comportamientos propios del régimen franquista, incrustados en el actual Estado.

Tratarán de impedir actos de homenaje y recuerdo de los fusilados el 27 de septiembre de 1975; lo hicieron aquel dramático año en Nuarbe con la ocupación militar del pueblo; lo hicieron en Zarautz, en donde fueron detenidos la madre de Txiki y el párroco de la localidad. Tratarán de impedir que en nuestras calles se coloquen placas y monumentos en recuerdo de aquellos que dieron la vida por unos ideales; seguirán haciendo uso de los medios que les ofrece el Estado de derecho para impedir que se manifieste públicamente el reconocimiento y apoyo social para con aquellos; pero con cada impedimento dejarán en evidencia lo que ya fue una realidad durante la dictadura franquista: la existencia de dos realidades que siguen enfrentadas.

La representada por las altas instituciones jurídico-políticas y aquella otra realidad que fue sustento del proceso de liberación nacional y social de los pueblos del estado, y el que hoy sigue siendo la base fundamental de la nueva Euskal Herria: el pueblo trabajador vasco. Un pueblo que no olvida a quienes dieron su vida por sus libertades.

 

Publicado en La Haine el 27 de septiembre de 2011

27 de septiembre, ¡no olvidamos! Acción Antifascista Salamanca

 

Tal día como hoy, hace 33 años, 5 antifascistas (Baena, Sánchez Bravo, García Sanz, Txiki y Otaegi) fueron asesinados por el régimen franquista, con total complicidad de Juan Carlos I, heredero suyo.
El primer quinquenio de los años 70 fue escenario de un impresionante avance de las movilizaciones sociales: las luchas obreras habían conseguido un alto grado de movilización, Huelgas generales en Vigo, Ferrol, Asturias, Euskal Herria .., la universidad estaba permanentemente movilizada y en los barrios las luchas también estaban en auge.

En plena crisis general del régimen franquista y la crisis económica internacional, la oligarquía española, detentadora del poder en el estado español, no tuvo más remedio que impulsar una marcha atrás que le ayudara a recomponer su aparato de explotación y opresión y ante el inminente fin de la etapa franquista, quienes estaban en el poder sabían que debían debilitar cualquier tipo de movilización popular por lo que, se produjo una represión generalizada contra todo lo que se movía, y concretamente contra las organizaciones que impulsaban los movimientos nacional populares en el estado español y la lucha armada, dando paso así a las maniobras pseudodemocratizantes y continuistas que habían preparado quienes rodeaban a Franco, aún después de la muerte de éste.

De ese objetivo se derivó la represión brutal que se ejerció en ese periodo y que tuvo su expresión más simbólica en las cinco ejecuciones del 27 de septiembre de 1.975, después de los tres Consejos de Guerra celebrados entre agosto y septiembre de ese año.

En el verano de 1974, con motivo de la enfermedad del dictador, Juan Carlos I había ocupado interinamente la Jefatura de Estado ya que, el propio Franco le había nombrado como su sucesor a título de Rey. Es decir, el sistema sucesorio se había experimentado en vida del general criminal. Juan Carlos I, por otra parte, era la segunda persona en importancia del régimen franquista y tenía concedido el título de príncipe de españa. Con él despachaban las autoridades del régimen, comenzando por Carrero Blanco, incluso cuando éste era Presidente del Gobierno.

Las Ejecuciones se producen en este contexto político y Juan Carlos I tuvo una complicidad de primer orden en aquellas ejecuciones de cinco luchadores antifranquistas. Precisamente ese hecho, históricamente incuestionable, es uno de los elementos fundamentales que han impedido la promulgación de una Ley de la Memoria Histórica que merezca tal nombre.

En la madrugada del 27 de septiembre de 1975, cinco antifascistas eran fusilados en Madrid, Barcelona y Burgos, en cumplimiento de las penas de muerte dictadas en los correspondientes consejos de guerra sumarísimos, celebrados muy pocos días antes, entre el 28 de agosto y el 19 de septiembre.

Todos los fusilados fueron brutalmente torturados durante su detención, torturas que por cierto denunciaron. Los responsables policiales de aquella operación fueron personajes bien conocidos como el comisario Roberto Conesa y Antonio González Pachecho, alias ”Billy el niño”, reconocidos torturadores. En el proceso, los tribunales militares, no respetaron ni la propia legalidad franquista, querían muertos, rápidamente y a cualquier precio, que sirvieran para dar una lección al movimiento popular antifascista en ascenso, tal como decíamos, en aquellos momentos.

Las ejecuciones en el amanecer del 27 de septiembre fueron una auténtica orgía de sangre, los verdugos fueron Guardias Civiles y policías voluntarios; y otros muchos miembros de esos cuerpos acudieron a ver ”el espectáculo”, como en los viejos tiempos.

El padre de uno de los fusilados, Xose Humberto Baena, pidió a través de una carta a Juan Carlos I, clemencia para su hijo, la respuesta a través del jefe de su casa militar (Alfonso Armada), fue la de que nada se podía hacer. Transcribimos una parte de la última carta que Xose Humberto Baena envió a su familia:

“Papá, mamá… me ejecutarán mañana, quiero daros ánimos. Pensad que yo muero pero que la vida sigue. Cuando me fusilen mañana pediré que no me tapen los ojos, para ver la muerte de frente. Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo. Pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. Mala suerte! una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven pero estoy contento y convencido”.

Así mismo, Txiki escribía la siguiente poesía instantes antes de morir:

“Mañana, cuando yo muera
no me vayáis a llorar.
Nunca estaré bajo tierra,
soy viento de libertad”.

Y Baena desde Carabanchel, decía:

“Mi palabra,
el eco de mi voz que, tras la muerte,
arengará a los mío
¿se callará algún día?
Mi palabra
justicia combativa, grita fuerte
al pueblo que el 36 vencido
¡tendrá para siempre vida!”

El 27 de septiembre sigue siendo una jornada de lucha:

– Contra la represión fascista y por la disolución de los cuerpos represivos herederos del franquismo

– Contra las leyes antiterroristas y contra todo tipo de medidas antidemocráticas que proponen los gobiernos de la monarquía

– Por la rehabilitación inmediata de todas las víctimas del franquismo y por el castigo ejemplar de los culpables de las mismas

– Por la revisión de los inocuos procesos franquistas y en especial, los de los 5 asesinados el 27 de septiembre de 1975

– Por la legalización inmediata de todos los partidos y organizaciones populares y la plena garantía de las libertades de expresión, reunión y asociación para el pueblo

De cara a estos objetivos, debe levantarse un poderoso movimiento antifascista que denuncie, entre otras cosas que, a pesar de la muerte del dictador, ahí siguen varios aspectos continuistas del régimen como la represión, la situación de lxs presxs, el sistema judicial (aunque digan ha sido renovado), el sistema escolar reaccionario, las bandas parapolicíacas y ultrafascistas campando a sus anchas que delatan la pervivencia amenazadora del fascismo en el estado, ahí siguen también las flagrantes violaciones de las libertades democráticas por el gobierno que venimos padeciendo (manifestaciones prohibidas, reprimidas brutalmente en muchos casos, detenciones y procesos por propaganda política, la no legalización de diversas organizaciones).

La constitución del 78, instrumento con el que la reacción en el poder y los partidos colaboracionistas tratan de legitimar la monarquía después de haber sido elaborada sin ninguna garantía democrática y por las cortes antidemocráticas surgidas de las amañadas elecciones del 15 de junio, no hace sino sancionar esta realidad de hecho que acabamos de denunciar, configurando un sistema reaccionario y militarista e perfecta continuidad con el franquismo que utiliza la represión arbitraria.

CÁRCELES, MECANISMOS DE VENGANZA

PRESAS Y PRESOS A LA CALLE

AMNISTÍA YA!

Para más info: http://antifasalamanca.net/index.php

 

 

 

 

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