El encadenamiento de las contra reformas laborales no parece tener límite para el Gobierno  . [Artículo]

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En pleno mes de Agosto y junto a otras medidas muy favorecedoras para la Banca y el gran capital financiero, el Gobierno ha aprobado otros paquetes de reformas laborales que dan un nuevo empujón a la precarización de las condiciones laborales.

¿En qué consiste esta nueva reforma?, ¿Cuál es su trascendencia?. Véamos:

  1. La Fijación de una indemnización por despido de 33 días por año de antigüedad para los contratos temporales que se conviertan en indefinidos. Si los contratos han sido celebrados antes del 28-8-2011 se podrán transformar hasta el 31-12-2011 y si son posteriores al 28-8-2011 hasta el 31-12-2012, siempre que su duración no exceda de 6 meses.

Antes la conversión en indefinidos significaba que los nuevos contratos llevaran consigo el derecho a una indemnización por despido improcedente de 45 días de salario por año de antigüedad. La conversión en indefinidos conlleva para el empresario bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Se concede así suficiente tiempo para que los empresarios que quieran convertir los contratos temporales en indefinidos aprovechen esta coyuntura para abaratar definitivamente los despidos, pues la indemnización por despido improcedente será de 33 días (con un máximo de 24 mensualidades) y no de 45 días por año de antigüedad (con un máximo 42 mensualidades) prevista con carácter general para el despido improcedente.

La rebaja de la indemnización por despido es uno de los objetivos principales de la patronal, y para los trabajadores la indemnización por despido improcedente es una garantía de estabilidad en el empleo.

No puede olvidarse que la temporalidad en el empleo es un caldo de cultivo para la mayor precarización y mina la capacidad de resistencia de los trabajadores/as con la amenaza permanente del despido fácil.

Esta reforma viene a añadirse a otras anteriores que, facilitando enormemente el despido objetivo individual o colectivo (ERES) (por razones económicas, organizativas, técnicas o de producción), con 20 días de indemnización por año de antigüedad con máximo de 12 mensualidades, ha sido la vía abierta para deshacerse del personal con más derechos adquiridos, entre ellos la antigüedad.

  1. La suspensión del límite de dos años para el encadenamiento de los contratos temporales.

Así se limita y restringe la vía para la conversión de los contratos temporales en indefinidos. Donde antes se decía que había que combatir la temporalidad ahora se dice que, dadas las circunstancias, la temporalidad favorece la creación de empleo.

Hasta ahora cuando una empresa, en un período de 30 meses, realizaba a un trabajador/ra dos o mas contratos de una duración total de 24 meses, (en el mismo o distintos puestos de trabajo), el contrato automáticamente pasaba a ser indefinido. Ahora se suprime el límite de 24 meses para ese encadenamiento de contratos temporales, con lo que podrían seguirse celebrando nuevos contratos temporales o prorrogar su vigencia como contratos temporales sin límite de tiempo.

Esta medida estará en vigor hasta el 31-12-2013 y significa una apuesta clara por la temporalidad que es un mal endémico en el Estado Español pues empleo temporal significa empleo de mala calidad. El 25% de los contratos son temporales frente al 14% de media en la Unión Europea. De los dos millones de puestos de trabajo destruidos durante la presente crisis económica 1,4 millones eran temporales.

  1. La ampliación de los contratos de formación y aprendizaje hasta los 30 años.

Los nuevos contratos de formación se podrán realizar con jóvenes de entre 16 y 25 años, y hasta 31-12-2013 con jóvenes de entre 16 y 30 años, por una duración máxima de dos años prorrogables hasta 3 años según la formación que se esté recibiendo. Este contrato es para jóvenes que no tengan titulo de la E.S.O., o aunque lo tengan carezcan de título universitario, de formación profesional o de certificado de profesionalidad. En estos contratos la jornada laboral es como máximo del 75% de la habitual en la empresa y el tiempo restante se dedicará a actividades formativas en un centro especializado. El salario se fijará en los convenios y no podrá ser inferior al salario mínimo, y se abonará proporcionalmente al tiempo trabajado. La duración del contrato será de entre 1 y 3 años.

Durante la duración del contrato se reduce hasta el 100% la cotización empresarial a la Seguridad Social cuando el trabajador sea desempleado, y al 75% cuando la empresa tenga más de 250 trabajadores. Si posteriormente el contrato se convierte en indefinido la reducción de la cotización a la Seguridad Social será durante tres años de 1.500 € anuales y de 1.800 € si se trata de una mujer.

El drama de los casi cinco millones de parados (el 20,8% de tasa de paro), según datos oficiales, se recrudece entre la población joven, pues la tasa de paro entre menores de 25 años es del 46,1%.

Esta no es la solución a la importantísima carencia de formación y cualificación profesional de la juventud. Téngase en cuenta que en el Estado español, fruto de la desatención a la formación y del empleo fácil de los últimos años antes de la crisis, 700.000 menores de 25 años no tienen título de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.), y entre 25 y 30 años hay 500.000 jóvenes sin la E.S.O. (300.000 sin secundaria y 200.000 sin cualificación profesional).

Estos contratos no en vano han sido llamados contratos basura, pues se abarata el salario de los jóvenes, se subvenciona por el Estado la cotización empresarial a la Seguridad Social y en muchos casos la reducción de jornada para favorecer la formación no será real.

  1. El mantenimiento del pago de los 8 días de indemnización por el FOGASA en los despidos procedentes (despido objetivo), lo que significa claramente descargar a los empresarios de sus obligaciones.

  2. Prórroga del “Plan Prepara”.

Consiste en la prórroga de la paga de 400 € durante 6 meses que corresponde a los parados que no perciben ni prestación, ni subsidio de desempleo, siempre que se someta a programas de formación.

Esta reforma significa apostar por la temporalidad, abaratar costes salariales, especialmente la indemnización por despido, mermar y precarizar los derechos de los trabajadores, especialmente de los jóvenes y seguir en la línea de cargar al Estado con parte de los costes salariales de la patronal.

Hay que parar todas estas reformas con una movilización general.

Doris Benegas – Valladolid, 2 de Septiembre de 2011

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