Declaración de Izquierda Castellana sobre la reforma de la Constitución española

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Iz.Ca, a través de esta declaración, expresa su total rechazo a la reforma constitucional en marcha, impulsada por las cúspides del PSOE y del PP, al dictado del eje germano-francés; y cuyo objetivo real es dar un paso más en el proceso de entrega al capital financiero y especulativo internacional, del conjunto de nuestra sociedad.

 

Bajo un lenguaje aparentemente ”neutro”, búsqueda del ”equilibrio presupuestario”, por cierto uno de los objetivos planteados en el mal llamado – Pacto del Euro- lo que realmente nos están imponiendo es la incorporación a rango constitucional de severísimos recortes en los presupuestos, que afectarán, ya están afectando, al gastos social en general y a los servicios públicos en particular.

Se trata en síntesis de introducir cambios en el marco jurídico-político que permitan impulsar aún más el recorte del gasto social y la privatización de los servicios públicos.

 

Si lo que realmente se buscara, fuera ”el equilibrio presupuestario”, la solución sería muy sencilla, se trataría de introducir en la Constitución y por Ley Orgánica la prohibición de transferir recursos financieros públicos a la Banca y a las grandes empresas privadas, así como establecer por ley un límite en el nivel de intereses que el Estado puede pagar.

También sería de gran utilidad desarrollar un plan real de lucha contra la corrupción y el fraude en la gestión de las finanzas públicas, muy especialmente en los ayuntamientos que en el caso de Madrid supera cualquier nivel de escándalo. Estas medidas serían muy útiles no sólo para buscar un auténtico y sano equilibrio presupuestario sino que serían un paso importante para la regeneración económica y social.

Por otro lado el déficit presupuestario y la deuda pública son dos instrumentos absolutamente imprescindibles para llevar adelante una política económica autónoma a las que ningún estado que se pretenda soberano puede renunciar.

 

En el Estado Español, el mayor problema que tenemos desde el punto de vista del endeudamiento, no es la deuda pública, sino la deuda privada, especialmente en lo que afecta a la Banca y a las empresas vinculadas al sector ladrillo.

La deuda pública en el Estado Español es de un 63% del P.I.B., en la media de la Unión Europea y muy por debajo del Reino Unido, Italia o Bélgica; sin embargo la deuda de las entidades financieras y de las empresas vinculadas al sector ladrillo, es decir del sector más especulativo de la economía y principales responsables de la actual crisis, es del 250% del P.I.B., muy por encima de la media europea, a esos es a los que tratan de salvar con esta reforma constitucional y en general con todas las contrarreformas que han ido introduciendo en los últimos tiempos.

 

Si de verdad se quisiera resolver el auténtico problema del endeudamiento e iniciar una salida real de la crisis, tendrían que prohibir por ley la transferencia de recursos públicos a los sectores implicados en el capitalismo especulativo y controlar severamente a éste hasta su erradicación.

 

Por el contrario se refuerzan las bases, nada menos que con rango constitucional, para que el neoliberalismo, el capitalismo especulativo, en fin los usureros del siglo XXI, den un paso más en la vampirización de nuestro Pueblo.

 

La reforma constitucional en marcha es por otra parte un nuevo paso, de especial gravedad, en la dejación de la soberanía del Estado Español, aunque ésto ciertamente no nos sorprende, porque, al fin y al cabo, el bloque dominante español a lo largo de los dos últimos siglos, ha practicado esa política. Desde la llamada Constitución de Bayona de 1808, elaborada por los franceses; y asumida por los Borbones y la llamada ”Grandeza de España” , hasta la sumisión del movimiento franquista al eje nazi-fascista europeo hasta que éste es derrotado en la II Guerra Mundial, pasando por otros numerosísimos episodios cuya relación haría demasiada extensa esta declaración.

 

En cuanto a las formas en cómo se está llevando adelante la reforma, sin consultar a la población, nos parece también de una gran gravedad; y consideramos que es la expresión de la total ausencia de sensibilidad democrática que caracteriza al actual Régimen, cosa que tampoco nos resulta sorprendente porque, al fin y al cabo, están utilizando similares métodos para reformar la Constitución vigente, a los que utilizaron para elaborarla en 1977/78, es decir, de espaldas al Pueblo y al dictado de los poderes fácticos.

 

Consideramos que la reforma constitucional en marcha debe de recibir el mayor rechazo social y político, en este sentido hacemos un llamamiento a participar en todas las movilizaciones que se convoquen en Castilla con tal finalidad. Pero muy particularmente creemos que su rechazo debe de incluirse en el conjunto de objetivos que deben de configurar el contenido de la movilización general del otoño que tenemos que empezar a organizar sin dilación alguna.

 

En relación a la exigencia de la convocatoria de un referéndum sobre la reforma constitucional, queremos expresar que sólo consideraríamos legítima una consulta popular sobre el particular que reúna los suficientes requisitos democráticos, es decir igualdad total de oportunidades de expresión para aquellos que están a favor o en contra de la reforma, tanto en los medios de comunicación públicos como privados. Sin esos requisitos el referéndum se podría convertir en lo contrario de lo que deseamos, una vía para la legitimación de la reforma.

 

Coordinadora Nacional de IzCa.

28 de agosto de 2011

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