¿ A quién hay que apretar el cinturón?

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Una de las líneas favoritas de intervención de la brigada mediática y de los partidos del régimen, es aquella de que las gentes, durante los años previos a la crisis, hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades, y que ello además de ser una de las causas de la crisis, tiene que cambiar para poder salir de ella, y toca por tanto apretarse el cinturón.

La retórica, de que nos corresponde a los trabajadores y trabajadoras, apretarnos el cinturón, se presenta no sólo como una exigencia ”científicamente demostrada” sino tambien como una ”justa penitencia” al pecado de derroche en el que habíamos caído durante los años pasados.

Las cifras objetivas, reales, demuestran que ni hubo tal pecado de derroche por parte de ”las familias”, concepto en el que se engloba el endeudamiento de la gente del común, ni el hecho de que nos aprieten, o que nos apretemos el cinturón, va a servir para salir de la crisis económico-social.

Si cogemos las cifras que facilita el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de España, podemos comprobar como evaluando cuatro indicadores de deuda: hogares, sociedades no financieras, instituciones financieras y deuda externa bruta en relación con el P.I.B. , las conclusiones no van precisamente en esa dirección :

  • Deuda de los hogares: Para el año 2010 poco mas 80 % del P.I.B. Esta deuda era en año 2002 de poco más del 50% del P.I.B., es decir que en los años del teórico despilfarro, del 2002 al 2010, esta aumentó en 30 puntos porcentuales.

  • Deuda de las sociedades no financieras: año 2010 por encima del 140% del P.I.B. En el año 2002 esa deuda era de algo menos del 90% del P.I.B., ello supone que en el período en cuestión tuvo una subida de más de 50 puntos.

  • Deuda de las instituciones financieras: En el año 2010 era de alrededor del 110% del P.I.B. En el año 2002 esa deuda era del 50% del P.I.B., por lo que en el período analizado tuvo un incremento de 60 puntos porcentuales.

  • Deuda externa bruta española: En el año 2010 esa deuda corresponde al 170% del P.I.B. En el año 2002 correspondía al 90% del P.I.B. El incremento en el período analizado es pues de 80 puntos.

Es evidente, partiendo de estas cifras que de haber existido algún ”pecado de derroche” por parte de las clases populares, éste ha sido un pecadillo benial, si lo comparamos con la practica de las instituciones financieras o con el conjunto del sector empresarial, por no hablar de algún sector en particular como el del ladrillo.

Estas conclusiones, objetivas, se obtienen partiendo de los propios datos que el régimen facilita, que son por cierto harto discutibles especialmente en lo referido a las instituciones financieras, como ellos mismos van reconociendo.

Sin embargo a la hora de imponer penitencias éstas sólo van dirigidas a las gentes del común. A la gran empresa y especialmente a la banca se le inyecta dinero público sin límite alguno.

A esos sectores, de los que por cierto viven los partidos políticos del regimen y la brigada mediática, ¡Que casualidad!, no sólo no se les pone penitencia alguna, no sólo no se les aprieta el cinturón sino que se les anima a seguir con el despilfarro y esta vez además con dinero público.

Es muy sintomático también como desde el Gobierno hay una oposición frontal a que haya una mejoría en las condiciones de devolución de las deudas de las familias a la banca, a través de la condonación de estas con la entrega del bien hipotecado, tal como algunas sentencias judiciales han resuelto y a las que no tardó ni 24 horas en oponerse la ministra de economía y vicepresidenta tercera del gobierno, Elena Salgado.

Es evidente que a quien hay que apretarles el cinturón, pero hasta la asfixia, es al sistema depredador y antisocial financiero que opera en este Estado, el autóctono y el extranjero.

Solo una banca publica puede ayudar a salir cabalmente de la crisis económica-social.

La banca privada es la principal responsable de la génesis de esta crisis, de su continuación y de las repercusiones sobre las clases populares.

Luis Ocampo, IzCa.

Castilla a 14 de febrero de 2011.

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